El ministro de Gobierno. Eduardo del Castillo, dijo este domingo que la interrupción del embarazo de la niña de 11 años que fue abusada sexualmente en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, fue decisión de la justicia.

“Aquí, el Gobierno no ha actuado para interrumpir el embarazo, es un tema de la justicia y la justicia es independiente del Órgano Ejecutivo (…). Así lo ha determinado la justicia”, dijo a los periodistas.

Indicó que la menor, “el día de ayer, ha interrumpido su embarazo conforme a la normativa legal vigente y lo que han dispuesto las autoridades judiciales de nuestro país”.

La autoridad estatal dijo que la menor fue dada de alta en las últimas horas y será puesta bajo el cuidado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní.

Recordó que el Gobierno nacional se limitó a cumplir la decisión judicial, en apego a las normas nacionales e internacionales.

En cuanto a las críticas de las autoridades eclesiales, Del Castillo pidió que la Iglesia Católica se pronuncie más bien con referencia a los cientos de violadores de niños que están encarcelados en el país.

“Ese debería ser el principal rol que tenga la Iglesia. ¿Por qué no habla en contra de los violadores? Estamos hablando de que la mayor cantidad de personas que se encuentran en los centros de rehabilitación en nuestro país son violadores de infantes, de niñas o adolescentes”, enfatizó.

El titular de Gobierno dijo que el caso de los recluidos por violación, sólo en el departamento de Beni, es preocupante, puesto que allá se cuenta con cerca de 300 privados de libertad por ese delito.

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca investiga un nuevo hecho de feminicidio, seguido de suicidio, ocurrido en la comunidad de Sipotindi en el municipio de Villa Serrano. La víctima es Zenobia L. C. de 33 años, quien murió por un corte en el cuello; el principal sospechoso es su concubino Sabino L. O. de 37 años, y se presume luego de haber cometido el delito se quitó la vida.

“Una vez que se tomó conocimiento del hecho, el Fiscal de Materia y el policía asignado al caso, se constituyeron en el lugar del hecho, donde se pudo verificar la existencia de los  cuerpos de la pareja sin vida, ambos presentaban cortaduras realizadas con  objeto punzo cortante en la región del cuello y de acuerdo a las investigaciones preliminares, el hombre habría atacado a la mujer con un cuchillo y él se habría hecho un corte que le produjo la muerte”, dijo el fiscal asignado al caso, Wilson Barrientos, según un boletín de prensa institucional.

Según los antecedentes, este hecho se suscitó en una comunidad distante a dos horas de la población de Villa Serrano, el 5 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 06:30, cuando la pareja retornó a su domicilio luego de asistir a un acontecimiento social. En la misma comunidad habrían iniciado una discusión y, a consecuencia, el hombre le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó.

De acuerdo con el examen médico forense realizado al cuerpo de la víctima, se estableció como causa de muerte shock hipovolémico, sección total de vasos sanguíneos, sección medular, sección de vía respiratoria, sección de vía digestiva y sección de la unión cervical por decapitamiento; mientras que el presunto autor murió por shock hipovolémico, trauma cervical penetrante con sección vascular completa, sección respiratoria y digestiva completa por degüello.

El Gobierno y familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el golpe de Estado de Jeanine Áñez, suscribieron un acuerdo de 12 puntos atendiendo su pliego petitorio. El 25 de noviembre se tendrá una reunión de evaluación de los avances de los compromisos, informó Bolivia Tv.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, destacó los avances registrados, así como el ambiente de diálogo con los familiares de las víctimas.

“Hemos concluido la reunión con los hermanos de Sacaba y Senkata, con los familiares de las víctimas, las víctimas y los torturados de las masacres. Es importante evaluar los avances que hemos tenido (…) hay un gran avance”, indicó.

Explicó que el Gobierno atiende las demandas que tenían “respecto al tema de vivienda, al tema de créditos, al tema de atención médica y psicológica por el daño que han sufrido en lo emocional”.

Añadió que el Ejecutivo se suma a la solicitud de justicia por parte de los familiares de las víctimas.

Por su lado, David Inca, representante de los Derechos Humanos en la ciudad de El Alto, destacó los avances logrados como la atención del Gobierno respecto a las demandas de trabajo, becas y subsidios para los familiares de las víctimas de Sacaba.

Explicó que hay puntos pendientes, como la consolidación del plan de créditos blandos, aspecto que sería anunciado en los siguientes días.

También queda pendiente una reunión con autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo Inca.

El Ministerio Público aprehendió este viernes a la exgerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Karina Leiva Áñez, prima de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, quien fue designada de manera irregular en la gestión 2020.

La fiscalía y efectivos de la policía llegaron a la residencia de Leiva para proceder a su aprehensión por “el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el Art. 142 y 144 del Código Penal”, que indica el mandamiento de aprehensión, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Riberalta, Javier Antelo.

Leiva fue trasladada a la Fiscalía y ahora presta su declaración. Según reporte del medio estatal, luego será trasladada a la cárcel de Riberalta (Beni).

El 3 de noviembre se dio a conocer que la Fiscalía imputó a la expresidenta de facto Jeanine Añez dentro del proceso denominado “EBA”, por la presunta designación irregular de Leiva Añez como gerente de (EBA) en 2020, por lo que pidieron su detención preventiva por un lapso de seis meses, por ese caso.

La imputación es por un nombramiento ilegal, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.

Este viernes, la Sala Cuarta Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz suspendió la audiencia de apelación, en la que se debía definir si la expresidenta Áñez será procesada por la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidades en el marco de ese caso. La nueva audiencia fue programada para el 15 de noviembre a las 09.00.

Áñez está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra por los presuntos delitos de conspiración, terrorismo y sedición por el golpe de Estado de 2019.

(Foto: GAMLP)

Este viernes se conoció una nueva citación de la Fiscalía de La Paz para el burgomaestre paceño, Iván Arias, acusado por ejercer violencia política en contra de las exsubalcaldesas de los macrodistritos Centro y Mallasa, Jacqueline Chavarría y Sheyla Dávalos, respectivamente.

Según reportes de algunos medios, el burgomaestre paceño deberá presentarse en la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Violencia Sexual, Trata y Tráfico el próximo miércoles 10 de noviembre a prestar su declaración informativa.

El 9 de septiembre, las exsubalcaldesas de Mallasa y Centro denunciaron que Arias protegía al subalcalde de Max Paredes, a quien acusaron por acoso sexual, político y laboral.

Además, indicaron que en esos meses identificaron una red de corrupción en la Alcaldía, que en su momento fue puesto a conocimiento de la Unidad de Transparencia e incluso del Alcalde, pero se encubrió el hecho.

Tras hacerse pública su denuncia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que las denunciantes estaban siendo investigadas por corrupción, por lo que fueron alejadas de sus cargos; sin embargo, ellas negaron el hecho y argumentaron que tenían todo en orden, pero que era una forma de amedrentarlas para que retiren la denuncia de corrupción y fueron destituidas, sin un memorándum o notificación previa.

El 13 de septiembre, ambas exautoridades presentaron su denuncia formal ante el Ministerio Público sobre los “atropellos” de los que fueron víctimas.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este viernes que durante la gestión se priorizó la educación y la salud para resguardar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país. Reprochó que la situación durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fuera totalmente contraria.

“En la gestión de la señora Jeanine Añez los privados de libertad fueron abandonados en temas de salud, se les obligó a cumplir una cuarentena rígida y se tuvieron cientos de contagios y 51 fallecidos por el COVID-19, además de que, por el encapsulamiento, no pudieron recibir visitas familiares y menos con sus abogados para recibir asistencia jurídica”, se lee en un boletín institucional.

Limpias indicó que durante el régimen de Áñez la población fue engañada por las autoridades que asumieron el poder tras el golpe de Estado. Aseveró que gobierno de facto y las autoridades no coordinaron con el Órgano Judicial para generar alternativas para los detenidos preventivos, y a pesar de que se prometió un decreto de amnistía e indulto.

“Había un discurso respecto a que ese decreto estaba saliendo para liberar a los 'masistas' y presos políticos, lo único bueno que hizo la oposición es que reconocieron que hubo presos políticos y se cae su otro discurso”, manifestó.

Añadió que en un inicio se pretendía beneficiar entre 5.000 y 8.000 privados de libertad, pero solo se alcanzó a 321.

Detalló que tras recuperar la democracia en noviembre de 2021 la administración penitenciaria benefició a 710 privados de libertad.

Destacó que durante esta gestión se socializaron las políticas nacionales en salud en todos los centros penitenciarios, por lo que se realizaron pruebas y rastrillajes para detectar casos sospechosos, desinfecciones y campañas de salud para la detección oportuna del COVID-19.

Explicó que hasta la fecha se tienen 14.699 privados de libertad vacunados con la primera dosis, 9.216 vacunados con la segunda dosis, 1.820 con la dosis única y se está iniciando la vacunación con la tercera dosis en adultos mayores, personas con enfermedades de base y población vulnerable.

“Se ve, de lejos, cuál es la diferencia en torno al tema de salud que hemos encarado nosotros en esta gestión, con la donación de materiales de bioseguridad y todo lo que se ha gestionado ha sido totalmente transparente”, manifestó.

Además, resaltó que esta gestión se prevé que 236 bachilleres se gradúen de los Centros de Educación Alternativa (CEA’s) que se tienen en los centros penitenciarios del país, situación que durante 2020 quedó en el abandono, pues no se garantizó la educación para los privados de libertad.