Un equipo seleccionado, entre oficiales subalternos, suboficiales y sargentos de la Armada Boliviana, recibió instrucción y capacitación en conducción y mantenimiento de vehículos tipo cuadratrack durante seis semanas para incursionar en la lucha contra el contrabando y narcotráfico.

“Estos efectivos navales realizaron un ejercicio de Operación Táctica en Cuadratracks, demostrando la eficiencia combativa para tareas de exploración y patrullaje en la lucha contra el contrabando, narcotráfico e ingreso ilegal de extranjeros en lugares de difícil acceso dentro el área de jurisdicción”, señala un boletín de prensa de la Armada Boliviana.

La capacitación incluyó la solución a problemas mecánicos durante la conducción, entre otros conocimientos para el empleo táctico de ese tipo de motorizados, con el propósito de realizar reconocimiento de rutas, áreas y zonas fronterizas.

La demostración de eficiencia combativa, contó con la presencia del vicealmirante Franz Valdiviezo, comandante general de la Armada Boliviana, junto al Estado Mayor General de la institución naval, quienes evaluaron y destacaron la importancia en la preparación física y el entrenamiento militar que los efectivos realizaron al formar parte del Primer Curso de Operador Táctico en Motorizado “Lobo Marino”, realizado en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia” situado en la localidad de Chua Cocani del departamento de La Paz.

“Un ejercicio en el cual han podido demostrar la destreza y el dominio alcanzado durante este curso, para ser aplicados en el futuro. Con mucha satisfacción graduamos a 18 efectivos entre; Oficiales, Suboficiales y sargentos, quienes además de pertenecer a la primera promoción de este curso, deberán mantener viva esa doctrina adquirida y transmitirlos permanentemente”, enfatizó el Comandante General de la Armada.

Asimismo, expresó sus felicitaciones por haber demostrado responsabilidad, entrega y una plena identificación con los objetivos institucionales.

“El fruto de su esfuerzo lo verán en los resultados de las diferentes operaciones a realizar, que requerirán la máxima exigencia a quienes acaban de ser brevetados”, dijo Valdiviezo.

Por su parte, el capitán de Fragata, Jesús Colque, comandante del Batallón de Infantería de Marina VI "Independencia" señaló que hace seis semanas se incrementó las actividades a la par de las tareas permanentes que cumple el batallón, enmarcados en la situación adversa por la presencia de la pandemia del COVID-19, el contrabando y el tráfico ilegal de migrantes.

“Nos enfrascamos en la tarea de instrucción y adiestramiento a diez oficiales, tres suboficiales y cinco sargentos para entregarles las herramientas que les permitan ser cada vez mejores”, aseveró.

El Ministerio de Gobierno entregó este viernes condecoraciones a nueve uniformados de la Policía Bolivia, por su destacado trabajo en el último mes y como reconocimiento al permanente apoyo al fortalecimiento institucional del verde olivo.

El acto protocolar reconoció y valoró la vocación de servicio de todos ellos, quienes se constituyen en un ejemplo de superación constante dentro de las filas del orden y se resaltó el ímpetu con el que realizaron sus acciones, arriesgado muchas veces su propia integridad física.

“Felicito a cada uno de estos efectivos policiales por su gran trabajo y solamente decirles que continúen realizando grandes acciones en favor del pueblo boliviano y de nuestra Policía Boliviana como lo vienen haciendo hasta ahora, son un ejemplo a seguir para todos”, manifestó el ministro Eduardo Del Castillo, según un boletín de prensa.

La condecoración “Al Mérito en el Grado de Oficial”, fue entregada en instalaciones del Comando Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz de la Sierra, junto a las altas autoridades policiales.

El galardón, denominado “Policía del Mes”, responde a la “Orden de la Policía Boliviana”, ente que reconoce la labor destacada de jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías de la institución verde olivo.

El Ministro señaló que los uniformados sobresalientes fueron escogidos, entre muchos otros, en base a tres prerrogativas: consistencia del servicio, basada en la forma coherente, responsable y disciplinada en la que realiza su labor; transcendencia del servicio, fundamentada en la importancia del servicio que realiza en la población y para con la institución; y beneficio para el pueblo, resumida en los efectos positivos que trajo la acción o las acciones del policía al pueblo boliviano.

Del Castillo aseveró que cada comandante departamental se encargó de escoger al mejor policía del mes en su respectiva región y dio a conocer la nómina de los uniformados distinguidos.

Entre ellos se encuentra la policía turística Yanira Tola, del departamento de La Paz; Abraham Carballo, patrullero del trópico de Cochabamba; Oliver Pabón, de la Dirección Departamental de Bomberos de Pando; Henrry Gutiérrez Castagne, de POFOMA en Chuquisaca; y Elías Paco, de la Dirección de Tránsito en Oruro.

Además de Gualberto Mamani, del Comando Departamental de Tarija; Laura Alarcón, de Radio Patrullas 110 de Potosí; Sergio Claros, de la UTOP-Santa Cruz; y Jhonny Ovando, de la Dirección Departamental de la FELCC de Beni.

El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, lamentó que el Parlamento Europeo, para elaborar su informe sobre Bolivia, no haya tomado en cuenta a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, y el hecho de que Jeanine Áñez comandaba entonces a las fuerzas de represión y hasta aprobó un decreto para dar impunidad a los uniformados que dispararon a la población civil desarmada.

El jurisconsulto, entrevistado en radio Patria Nueva, dijo que, por sus características, esas matanzas ocurridas durante el golpe de Estado de 2019, se asemejan a la masacre de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

Cuestionó que el Parlamento Europeo se haya parcializado con su informe "para decir que ella (Áñez) es la víctima. Mientras tanto, hay familiares (víctimas) que no tienen sus hijos, sus esposos", dijo, y lamentó que esa instancia europea esté politizando el sufrimiento del pueblo boliviano.

"Ella (Áñez) estaba a cargo de las tropas en esos días, ella firmó un decreto ilegal, entonces hay una responsabilidad", añadió Becker.

El decreto señalado es el número 4078, el cual dio carta blanca para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada.

Ese decreto fue firmado por Jeanine Añez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

Respecto a las masacres de Senkata y Sacaba, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard presentó el informe titulado "Nos dispararon como animales: noviembre negro y el Gobierno interno de Bolivia".

El reporte documenta dos manifestaciones a apenas unas horas después de que Áñez asumiera la presidencia interina. La primera, el 15 de noviembre en el municipio de Sacaba, en la que 11 civiles murieron y 120 sufrieron heridas; y otra protesta el 19 de noviembre en Senkata, en la ciudad de El Alto, en la que fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas.

El informe señala que tanto los fallecidos como los heridos eran civiles desarmados, principalmente de origen indígena, que fueron atacados por policías y militares, según el reporte del periódico español El País.

El representante departamental del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Mauricio Suárez, informó que esa Cartera de Estado, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), brinda asistencia legal gratuita a familiares de víctimas de feminicidio y de otro tipo de violencia en ese departamento.

“Son tres feminicidios (ocurridos en 2021) que vamos haciendo seguimiento y patrocinio legal, y todos los casos han salido beneficiosos gracias a Dios (…). Los familiares no han contratado abogado particular porque nosotros nos hemos hecho cargo de los casos, para nosotros es muy positivo que la gente pueda confiar en su institución”, señaló Suárez.

En marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, conformó la Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (CONASCFE) compuesta por abogados especializados en Derecho Penal y Derecho Constitucional para hacer seguimiento a los casos relacionados a la violencia de género y feminicidio en los departamentos del país, debido a la poca celeridad con la que se los administra.

En ese marco, según un boletín de prensa, la representación de Santa Cruz realizó asesoramiento legal gratuito y seguimiento a tres casos de feminicidio ocurridos en las últimas semanas. Además, monitorea el estado de situación de 203 casos que se encuentran ventilándose en los tribunales cruceños.

“Estamos prestos para ayudar, en todo momento, con medidas de protección y seguimiento de los casos, es una instrucción que nos ha dado el Ministro de Justicia y se está cumpliendo a cabalidad. Nosotros tenemos la instrucción de hacer seguimiento y monitoreo a 203 casos de feminicidio que hay en Santa Cruz desde el 2016 hasta la fecha, sumando los últimos siete que hubieron (en 2021)”, indicó.

El Ministerio de Justicia y el SEPDAVI realizan seguimiento y apoyo legal en el caso del feminicidio de Wilma F.Z. asesinada por su expareja Marcelino M.A. en inmediaciones de un supermercado de la zona Sur de la capital cruceña.

Asimismo, acompaña el caso del feminicidio de Fabiola M.A., quien perdió la vida tras recibir 30 puñaladas por parte de su pareja y padre de sus hijos, Hernán G. E. El hecho se registró el 19 de abril, en el municipio cruceño de La Guardia, barrio Los Piyos. En ese caso, el acusado se sometió a un procedimiento abreviado y admitió la comisión del delito, por lo que fue sentenciado a 30 años de presidio.

Actualmente realiza seguimiento y brinda apoyo legal en el caso del feminicidio de Erika C.V. (16) quien fue degollada y golpeada por su pareja Albert R.Q.B. (19). El hecho se registró el sábado pasado en el municipio de Pampa Grande, cantón Los Negros del departamento de Santa Cruz. Tras las gestiones realizadas, el hombre fue enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola, por un lapso de seis meses mientras se realizan las investigaciones.

Un informe reveló este miércoles que la pareja que cayó del piso 12 de un edificio de la ciudad de Santa Cruz, en la víspera, tenía lesiones previas, según un reporte de la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Nayra Padilla.

“Existe hallazgos de lesiones vitales previas a todas las lesiones encontradas por la precipitación, en el caso de S. A. M. se encontró una equimosis, es decir un golpe a nivel del parpado inferior del lado derecho y a nivel del tórax derecho. En el caso del occiso D. J. R. T. se encontró escoriaciones o rascaduras a nivel del pecho y en la parte de la espalda”, indicó en conferencia de prensa.

Padilla dijo que, de acuerdo al resultado de la autopsia practicada a ambos cuerpos, se señala como causa de muerte shock traumático severo, trauma cerrado de abdomen y tórax, traumatismo cráneo encefálico cerrado y politraumatismo por precipitación.

Respecto a las fracturas expuestas y amputaciones traumáticas que presentaban los cuerpos, señaló que son propias de la precipitación.

“En la autopsia se tomó toda la colecta de las muestras que en procedimiento corresponden, las mismas que, pasado a laboratorio, están en curso su procesamiento, el resultado de informe se tendrá entre uno a tres días”, adelantó la autoridad del IDIF, según un boletín de prensa.

Tras recibir informes de auditoría, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció este martes casos de megacorrupción y malos manejos que involucran a los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, todos designados en la gestión de Jeanine Áñez, por un presunto daño económico al Estado de Bs 76.378.000.

Huanca dijo que los casos de corrupción se presentaron en varias instituciones vinculadas al Ministerio de Desarrollo Productivo e incluyen el uso de taxis aéreos y de gasolina pagada por el Estado para fines particulares, contratos irregulares, entre otros.

Los delitos por los cuales se acusa a Rojo, Ortiz y Guzmán son de corrupción pública como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, informó el ministro Huanca.

El primer caso se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó a nombre de Bolivia un contrato ilegal para la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones a una empresa de EEUU. Este contrato va contra los intereses del Estado ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de $us 2.894.784, dinero que equivale a unos Bs 20 millones.

En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente técnico de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, realizaron la compra de fertilizantes, pero luego se evidenció en los almacenes un faltante de esos productos por valor de Bs 8.898.518 sin que exista un registro del destino de dichos artículos, añadió el Ministro.

En la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se encontraron cinco casos de corrupción. Uno de ellos se refiere al nombramiento ilegal de Karina Fabiola Leiva Áñez, quien sería pariente de Jeanine Áñez.

Leiva creó cargos ejecutivos innecesarios en tiempo de pandemia, lo que ocasionó un daño económico al Estado por más de Bs 113.000.

Además, incrementó los sueldos a nivel ejecutivo en 2020 por un monto Bs 1.276.000 de forma discrecional y sin la debida justificación y autorización competente.

Por otro lado, la exgerente de frutos amazónicos de EBA, en Riberalta, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otros, realizaron manejos discrecionales por un monto de Bs 8.369.000 para la compra de castaña sin ningún descargo o recibo.

También se recibió productos para las canastas estudiantiles sin ningún tipo de contratos por un valor de Bs 2 millones. Además, autorizaron la transferencia de dineros a cuentas bancarias personales por Bs 219.907, según la denuncia. 

Respecto a la Empresa Azucarera San Buenaventura, el exejecutivo, Jorge Barrios Villa favoreció ilegalmente la adjudicación de la empresa Stylo y Diseño para el servicio fraccionado de azúcar por un monto de Bs 1.280.000 sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas.

También se favoreció en la adjudicación irregular de la empresa Campo Verde por la provisión de urea con presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.

En la Unidad de Fiscalización de Empresas, el exdirector Raúl Terceros Salvatierra emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al permitir la reducción de sanciones a empresas ocasionando un daño económico de Bs 362.184, dijo Huanca.

En Zofra-Cobija, el exdirector Rodolfo Áñez Dominguez, quien sería pariente de Jeanine Áñez, contrató personal excesivo sin justificación ocasionando un daño de Bs 933.101.

En la empresa ProBolivia, el ex director ejecutivo, José Eduardo Selek Suárez, contrató a una persona que trabajó con títulos falsificados.

El exministro Rojo autorizó la entrega de combustible para uso de personas particulares por un monto de Bs 113.000 y, junto a Ortiz, usó taxis aéreos a Santa Cruz con fines privados por un monto de Bs 92.000 sin que existan descargos fundamentados.

Respecto a la Alcaldía de La Paz, el ministro Huanca denunció que otras autoridades firmaron un contrato con el municipio para que Emapa entregue canastas escolares, pero hasta la fecha el burgomaestre Luis Revilla no paga la suma de Bs 23.640.000.

Todos estos casos fueron enviados a la Fiscalía para su investigación, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.