El procurador general del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, y el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Este acuerdo beneficiará a efectivos policiales que podrán acceder a cursos de la Escuela de Abogados del Estado (EAE) con descuentos desde el 50% al 25%.

“Es un acuerdo con el cual la Policía Boliviana va a tener beneficios en nuestro programa de Gestión Pública y Defensa Legal del Estado que organiza nuestra Escuela de Abogados del Estado”, explicó el Procurador tras la firma de Convenio.

Chávez explicó que los efectivos policiales podrán participar del curso de Gestión Pública y Defensa Legal del Estado con un descuento del 25%. Este programa tendrá la modalidad virtual y los interesados deberán cancelar Bs 900, siendo que el costo regular es de Bs 1.200.

Asimismo, aclaró que también pueden participar de otros cursos cortos y beneficiarse de un descuento de 50% del costo total.

Por su parte, el comandante general de la Policía calificó a este convenio y sus alcances como una excelente oportunidad para especializar al personal técnico que está vinculado al área legal.

“Esta es una excelente oportunidad para fomentar nuestro más alto recurso estratégico, que es el talento humano. Todos nosotros seremos beneficiarios de una capacitación, que permita desde el cumplimiento de nuestras áreas defender al Estado y defender a nuestra institución”, indicó el jefe policial.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que se trabaja en la elaboración de un cronograma y metodologías para realizar la revisión de las 35.000 actas del proceso electoral de 2019, con el objetivo de “liquidar la teoría del fraude”.

“La revisión de las 35.000 actas va a tener su metodología (…), la siguiente semana haremos conocer el cronograma y la metodología de la revisión de las actas. (…) para dar una respuesta al país sobre la verdad de lo ocurrido y liquidar la teoría del fraude”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

Chávez aseguró que la próxima semana se hará una invitación pública para que los interesados puedan participar de esta revisión de las 35.000 actas del escrutinio nacional del 2019.

Asimismo, aseveró que se examinarán todas las actas, sin exclusión, y en particular aquellas que fueron o sean observadas como fraudulentas.

“Las actas que se observen, van a ser objeto de verificación con el cómputo nacional electoral, es el trabajo que debería haber hecho la OEA (Organización de Estado Americanos) y no realizó”, enfatizó.

El 28 de agosto, la Procuraduría dio a conocer el informe técnico de la Contraloría General del Estado que evidenció que la OEA no habría realizado una auditoría de las elecciones pasadas y que incumplió los acuerdos con el Estado, por lo que las denuncias de fraude no tenían fundamento.

El 30 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral afirmó que las actas están disponibles en medios digitales y que cualquier persona puede revisarlas. Se realizará esta revisión porque políticos de oposición sostienen la narrativa de un supuesto fraude.

Bolivia coordinará con Chile y Paraguay para desarticular bandas criminales dedicadas al narcotráfico

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este miércoles que Bolivia coordinará con representantes de Chile y Paraguay para realizar acciones conjuntas en la desarticulación de bandas criminales que se dedican al narcotráfico, además de intercambiar experiencias sobre la lucha contra este ilícito y formas de prevención.

“Tenemos planificado realizar una reunión con Paraguay para abordar temáticas de lucha contra el narcotráfico, puente aéreo, intercambiar experiencias e identificar organizaciones criminales, para poder desarticular, porque nuestra política y estrategia se basa ahora en la desarticulación de organizaciones criminales y su afectación económica (…). De igual forma, está planificado realizar una reunión bilateral con el país vecino de Chile”, explicó la autoridad en red Patria Nueva.

La autoridad señaló que, por sus características, Bolivia se convirtió en un país de tránsito para el narcotráfico, en el que organizaciones delictivas realizan su paso para realizar cargas de combustible, por lo que se vio la necesidad de coordinar con países vecinos en contra de este ilícito que afecta a los Estados de la región.

“Nuestro país se ha convertido en un país de tránsito del narcotráfico, para lo cual estamos llevando reuniones bilaterales, con nuestros países vecinos, para realizar operativos de manera conjunta”, recalcó.

Mamani informó que el 16 de septiembre se reunirán con Paraguay, en tanto el 30 de septiembre tendrá un encuentro con autoridades de Chile, de manera presencial, en Santa Cruz. Se pretende que en estas reuniones se intercambien experiencias y coordinen acciones conjuntas contra el narcotráfico. Además de identificar organizaciones criminales para su desarticulación y evaluar estrategias de prevención.

“De esa manera vamos a trabajar de manera conjunta contra el flagelo del narcotráfico”, explicó.

En agosto, autoridades nacionales se reunieron con Perú y Argentina y acordaron fortalecer la lucha frontal contra el narcotráfico de manera coordinada y simultánea.

El Ministerio de Gobierno y la Defensoría de Pueblo presentaron este miércoles los decretos supremos 4574 y 4576 para crear un registro de extranjeros en el país y regularizar la situación de migrantes. El objetivo es garantizar los derechos humanos y evitar casos de trata y tráfico

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se aprobaron  estos decretos en el marco de  la defensa de los derechos humanos de los bolivianos y  extranjeros que están de tránsito en el país.

"Como Gobierno nacional, hemos aprobado dos decretos supremos, en temas relacionados a la migración de personas en nuestros país", indicó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Según la autoridad, el  Decreto Supremo 4574  modifica y complementa el Decreto Supremo 1923 del 12 de marzo del año 2014, Reglamento de la Ley de Migración, que ordenaba un registro físico, sobre medios de transporte, alojamientos, agencias de viaje, turismo entre otros. Ahora, este registro podrá realizarse de manera virtual.

“Con este nuevo Decreto Supremo se crea una plataforma virtual de recepción de migrantes, la cual tiene por objetivo dar mayor seguridad a las personas que viajan al país; pero, también, tiene el objetivo de mejorar los controles para combatir la trata y tráfico y otros delitos en base al uso de plataformas informáticas establecidas por la Dirección General de Migración”, manifestó.

Mediante la nueva plataforma se creará una base de datos para monitorear y controlar en tiempo real la situación de ciudadanos extranjeros  en el país, para que el Estado  tenga un manejo oportuno de la información y prevenir delitos.

El segundo Decreto Supremo tiene por objetivo permitir de “manera excepcional la regularización” migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano en situación irregular, así como establecer sus condiciones y requisitos.

“Esta regularización migratoria beneficiará aproximadamente a 3.500 personas (...), el Estado va a recaudar 7 millones de bolivianos con esta regularización”, explicó la autoridad.

Ambos decretos generan soluciones a los problemas que atraviesan los ciudadanos extranjeros en Bolivia y coadyuvan a fortalecer e impulsar la reactivación económica al sector turismo, que ahora tiene mejores condiciones para su desarrollo.

El ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, desarrolló el encuentro “Uniendo esfuerzos por una vida sin violencia” dirigido a servidores públicos de municipios de los nueve departamentos, con el objetivo de fortalecer las redes de servicios de atención y protección integral a mujeres, a través del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de toda forma de violencia (Sippase).

“El propósito fundamental, en esta oportunidad, es llegar a la mayor cantidad de municipios del país conectados en red a través del Sippase y establecer la institucionalidad de registro de datos referidos a las acciones y casos atendidos a mujeres en situación de violencia. En este entendido, se tiene proyectado realizar encuentros departamentales con todos los integrantes de la ruta de atención contra la violencia”, anunció la viceministra Miriam Huacani.

La actividad se desarrolló en instalaciones de la Procuraduría General del Estado (PGE), con el objetivo de profundizar y promover la gestión pública integral especializada para la actuación sobre violencia en razón de género, a través del fortalecimiento institucional.

La capacitación está dirigida a servidores públicos de las instancias que conforman la ruta de atención, entre ellas los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), defensorías de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el Ministerio Público y otras, como parte de las actividades de lucha contra ese delito, según un boletín institucional.

La directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, informó este martes que se coordina con las alcaldías para realizar acciones en favor de la primera infancia, como la reapertura de los centros infantiles de manera segura en el departamento de Chuquisaca.

“El 12 de abril el ministro de Justicia (Iván Lima) declara prioridad nacional la protección integral de niñas y niños de la primera infancia (…). Ellos no son portadores de futuro, son el presente, si un niño no puede asistir a un centro infantil la madre no puede ir a buscar el sustento para su familia”, dijo la viceministra.

Durán aseveró que es fundamental que las autoridades nacionales, departamentales y municipales velen por la primera infancia, ya que durante el gobierno de facto esos centros infantiles fueron cerrados, por lo que es necesario que reinicien sus actividades de manera segura resguardando la salud de los infantes.

Adelantó que en los próximos días el ministro de Justicia, Iván Lima, convocará a los gobernadores y alcaldes de todo el país para fijar una agenda prioritaria y trabajar en beneficio de esos niños, dejando a un lado cualquier posición política.

“Aquí hay niñas y niños por los que debemos velar”, afirmó.

La autoridad también entregó kits de bioseguridad, además de lineamientos que deben seguir los educadores para garantizar que esos menores puedan retornar a los centros infantiles, que fueron gestionados con el apoyo de UNICEF y la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, según un boletín institucional.