La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) rechazó la conminatoria de una jueza para que 13 medios de difusión entreguen información sobre el caso de secuestro, tortura y extorsión por parte de Jhasmani Torrico.
La entidad sindical, mediante un pronunciamiento, reivindicó la vigencia de la Ley de Imprenta de 1925 mientras su principal dirigente, Héctor Aguilar, dijo que no permitirán que se judicialice la labor periodística.
“Rechazamos de manera contundente la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de secuestro, tortura y extorsión de Jhasmani Torrico”, indica el pronunciamiento.
“Este tipo de actos se constituyen en formas de amedrentamiento y en una limitación de la libertad de expresión”, agrega el comunicado sindical que considera como “inoportuna” la actuación del juzgado de Sentencia Penal Número 9, a cargo de la jueza Sofía Almanza Camacho.
El pronunciamiento recuerda que la Ley de Imprenta establece que los periodistas no deben ser procesados en la vía ordinaria, sino en un tribunal especializado, es decir, un jurado de imprenta, situación que guarda concordancia con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales.
Ante ello, la Confederación de la Prensa solicitó a las autoridades judiciales, garantías para el trabajo periodístico.
Al respecto, el dirigente Aguilar pidió que la jueza decline competencia y sea suspendida.
Además, destacó las posturas de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia que salieron en defensa de la libertad de expresión y vigencia plena de la Ley de Imprenta.
