El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y ahora alcalde electo de La Paz, Iván Arias Durán, por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.
Según la resolución de imputación formal, Arias hizo una designación ilegal de Eddie García como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz, persona que no tenía idoneidad para el cargo.
“Que a través de Resolución Ministerial N°070 de 21 de febrero de 20182, se aprueba el ‘Manual de Organización y Funciones’ del Centro de Comunicaciones La Paz, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Oruro, en su condición de entidad desconcentrada del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el mismo, en relación al cargo de director ejecutivo tiene como requisito que para desempeñar el cargo, se prevé como indispensable el de contar con licenciatura en Carreras económico-financieras (sic)”, se lee en el documento, en la parte destinada a la descripción del hecho.
“Asimismo, mediante Resolución Ministerial N°002 de 02 de enero de 2020, el ciudadano Hernán Iván Arias Durán ex Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda designa como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz al señor Eddie Glen García Rossel con CI. 3469450 L.P. sin cumplir ese requisito indispensable (sic)”, añade.
La denuncia fue hecha por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en coordinación con la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.
La resolución de imputación formal incluye una solicitud de medidas cautelares en el que se menciona que Arias “es con probabilidad autor de los ilícitos de NOMBRAMIENTOS ILEGALES, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS”.
El Ministerio Público hace referencia a que existe riesgo de fuga porque Arias, después de salir del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, no cuenta con ninguna actividad lícita debidamente acreditada, y no cuenta con arraigo natural y social que sostenga su permanencia y presencia para el caso.
Ante esa situación, el fiscal Johan Muñoz solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante la aplicación de la presentación periódica con intervalo de 10 días en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental, a fin de controlar la permanencia del imputado.
