El Alto, 14 de octubre de 2022 (ABI). – La exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón fue enviada este viernes a la cárcel con detención preventiva, por la denuncia de malversación del dinero del Seguro Universal de Salud (SUS) durante la pandemia del COVID-19.
“Dispone que la presente causa se va a tramitar con la medida extrema de la detención preventiva en contra de la imputada C. Soledad Chapetón T. en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz”, indicó el juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer, Eduardo Foronda.
Chapetón, del partido Unidad Nacional del empresario Samuel Doria Medina, deberá cumplir la detención preventiva de un mes en la cárcel de Obrajes, en la zona Sur de La Paz, pero en un área distinta a la de las reclusas con sentencia condenatoria.
El juez conminó al Ministerio Público a realizar la inspección técnica ocular en un plazo no mayor a un mes, para que emita el requerimiento fiscal para que una auditoría. La próxima audiencia será el 14 de noviembre de 2022, para considerar la situación jurídica procesal de la imputada.
Por su parte, el director general de Asesoría Legal, Isaac Mauricio, aseguró que, como parte querellante, presentará una apelación, porque consideró que la detención preventiva de un mes es “mínima”.
“Nosotros vamos a poner una apelación incidental, porque consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima”, indicó Mauricio.
En este caso, Soledad Chapetón es investigada por conducta antieconómica y malversación de recursos económicos, porque presuntamente utilizó dinero del Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia del COVID-19.
Según la denuncia de la comuna alteña, bajo administración de Eva Copa, la administración de Chapetón habría utilizado los recursos económicos del SUS, que están destinados únicamente para garantizar la atención gratuita de los beneficiarios, para el pago de salarios y proyectos de inversión.
La exautoridad alteña enfrenta otro proceso por el presunto pago Bs 3 millones a una empresa que no concluyó el embovedado de la avenida Juan Pablo II. La autoridad jurisdiccional en ese caso dispuso el 15 de septiembre su detención domiciliaria.
GMM/CC