La Paz, 13 de octubre de 2022 (ABI).- La Justicia rechazó este jueves la “excepción de incompetencia” presentada por la exsenadora Jeanine Áñez y se abre paso para que sea procesada en la vía penal, en la demanda interpuesta por la designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.
“Declara infundada la excepción de incompetencia en razón de materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, establece la resolución del Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz.
En la audiencia virtual, la defensa de la acusada anunció que apelará la decisión sobre la demanda de “incompetencia” planteada bajo el criterio de que si fue expresidenta le correspondería un juicio de responsabilidad y no penal, como se le instauró por el caso EBA.
El juez Torrejón rechazó el razonamiento planteada en el recuso legal y abrió paso para que se la procese en un juicio penal ordinario.
El activista de derechos humanos David Inca explicó que este fallo judicial es un precedente para que la Fiscalía impute a la presidenta de facto por los hechos de violencia y muerte en las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
“Habilitaría a la comisión de fiscales para que, en el tiempo que ellos vean, presenten la imputación y decir con nombre y apellido el grado de autoría (de Áñez y del resto de acusados)”, explicó.
La Fiscalía la imputó en noviembre de 2021 por la designación irregular de Karina Leiva Áñez como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en mayo de 2020. Pidió su detención preventiva por seis meses.
Se la acusa de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad. Karina Leiva Áñez, según la investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo, como una licenciatura.
En abril, Áñez logró que la Justicia falle en su favor y sea apartada del juicio penal, pero los afectados apelaron y lograron anular la decisión porque la acusada no presentó ninguna documentación que acredita haber sido legalmente Presidenta de Bolivia.
La exsenadora se encuentra detenida en la cárcel con sentencia condenatoria por la toma de la presidencia del Senado en 2019, sin haber cumplido los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates. Ese hecho le valió hacerse del poder, con el aval de políticos de oposición y cívicos, sin haber cumplido procedimientos ni formalidades legales, según la pesquisa de la Fiscalía.
Tomó el poder, luego de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, acorralado por una protesta cívica violenta, un motín policial y la “sugerencia” militar de la renuncia presidencial.
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