El reporte N° 389 del Ministerio de Salud señala que este jueves se registraron 1.241 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.224 pacientes se recuperaron.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 559 casos. Cochabamba presentó 122; La Paz, 216; Beni, 99; Tarija, 105; Pando, 50; Chuquisaca, 26; Oruro, 21; y Potosí, 43.

El reporte añade que hay 1.485 pacientes sospechosos, 37.759 activos y 684.354 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 279.207 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 229.036 se recuperaron y hubo 12.412 decesos.

"Pido justicia, ¿qué más puedo pedir? Que los asesinos de mi papá entren 30 años a la cárcel", dijo en medio de lágrimas, Aurelia Chura, una vendedora de verduras del mercado Rodríguez, en la ciudad de La Paz, quien tuvo la desgracia de ver la agonía de su progenitor, Luis Chura, de 72 años, quien recibió tres balazos de los policías que reprimieron en la zona de Ovejuyo, en 2019.

Chura brindó su testimonio este martes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Ella relató que tuvo que venir desde su pueblo, en el cantón de Killiwaya, para comercializar en el mercado Rodríguez las cebollas que produce. Tras realizar sus ventas, el 10 de noviembre su papá se adelantó en el retorno a su hogar. Ella se quedó unas horas más en el mercado.

Sin embargo, en la tarde, recibió una llamada de teléfono y una persona le informó que su papá Luis Chura estaba herido con tres balas disparadas por la Policía. Ella acudió hasta la zona de Chasquipampa y encontró sangrando a su progenitor.

Con ayuda de varias personas, lo trasladó a una clínica en la zona de Los Pinos, donde le negaron la atención adecuada debido a que ella no contaba con dinero suficiente. Los galenos amenazaron con denunciar el caso a la Policía como si su padre, de 72 años, fuese un terrorista.

Pero un médico joven accedió a entregar al herido para que retorne a su pueblo. Sin embargo, grupos civiles juveniles que bloqueaban las calles, impidieron el paso del vehículo que transportaba a la víctima, el cual fue retenido en la zona de Ovejuyo."Toda la noche agonizó mi papá, no dejaba de sangrar", recuerda Chura, quien dijo que poco después su progenitor llegó a su pueblo con fuertes dolores en el riñón, recibió algunas pastillas, pero luego murió.

Por todo ello, la productora de verduras del cantón de Killiwaya no duda en pedir justicia por la muerte de su padre."Pido justicia, ¿qué más puedo pedir? Que los asesinos de mi papá entren 30 años a la cárcel", dijo sin dejar de llorar ante las cámaras.

Eddy Mamani recibió un impacto de bala en una de las piernas la tarde del 19 de noviembre de 2019, en la avenida Achocalla del Distrito 1 de El Alto. Ese momento, ya se conocían las noticias de los muertos en la zona de Senkata del Distrito 8, al otro extremo de la urbe.

“Ese día, 19 de noviembre, había dos helicópteros que sobrevolaban y escuchaba que en Senkata había muertos. Salí por curiosidad, con la Wiphala. No pensaba que nos iban a disparar”, cuenta en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.  

Sucedió en el régimen de Jeanine Áñez. El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas de guerra.

“Me llegó una bala perdida. Caí al piso, me auxiliaron los vecinos y estaba echado 15 minutos en el piso. Los policías nos seguían disparando como a animales. Lo que más usaban era bala y balín”, relata.

Fue trasladado en una carretilla hasta un centro de salud cercano, donde lo atendieron; sin embargo, las secuelas del impacto de bala provocaron daños en la pierna a tal punto que provocó gangrena, necesitaba atención especializada.  

Días después, fue a varios hospitales donde no recibió la atención necesaria. Se endeudó y perdió a su familia que ya no pudo apoyarlo con los gastos económicos para su recuperación. Salvó la pierna lastimada y ahora reclama justicia. Durante su recuperación, fue perseguido por la Policía. “Yo pido justicia. Que entren (a la cárcel) los que firmaron el Decreto”, indicó.

La empresa de seguros UNIVida informó este jueves que vendió 25.434 pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) entre el 6 y el 7 de abril de 2021. La mayor parte corresponde al sector privado.

“Entre el 6 y 7 de abril de 2021, la empresa de seguros UNIVida vendió 25.434 pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondiente a la gestión 2021 con un descuento del 38%, la mayor parte corresponde al sector privado”, reportó la entidad estatal en un boletín institucional.

Un informe de esa entidad menciona que los dueños de vehículos privados compraron 20.022 seguros, mientras que los propietarios de motorizados de transporte público adquirieron 5.412.

Por departamentos, en Santa Cruz se compró 10.697 seguros y le siguen La Paz, con 5.952; Cochabamba, con 5.598. El resto se adquirió en los demás departamentos del país.

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, suscribieron un convenio con los dirigentes del transporte sindical, la Confederación del Transporte Libre de Bolivia y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencootrans), para comercializar el SOAT con un descuento del 38% hasta el 30 de abril.

Luego de la fecha pactada se podrá comprar el seguro con un 33% de descuento.

La empresa UNIVida habilitó más de 3.000 puntos de venta del SOAT en todo el país. El seguro se puede comprar también a través las entidades financieras. Se tiene, además, una red de comercios, farmacias y puntos móviles para ampliar la comercialización.

Alfredo Durán fue detenido por grupos civiles en inmediaciones de ciudad Satélite, en El Alto, cuando estaba de retorno a su casa en 2019. Buscaron estigmatizarlo como masista y por ello fue entregado a la Policía. Solo tenía sus prendas de vestir y un celular pero aun así  no se libró de su calvario de golpes y torturas.

Durante su detención, fue salvajemente golpeado por los policías que se le acercaban. Fueron tres días interminables hasta que llegó el día de su primera audiencia de medidas cautelares, dónde extrañamente hicieron aparecer armas de fuego y granadas de gas para incriminarlo, recordó.

“Han hecho aparecer armas, granadas y un chaleco y solo los mostraron en la audiencia. Saben los vecinos de Satélite que no tenía nada, solo era la bronca contra el MAS, tenían esa rabia, por eso se agarraron conmigo, ellos son los que causaron y son los autores de lo que me pasó”, testimonió Durán, entrevistado en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

De profesión técnico en soldadura, fue acusado y procesado por los delitos de asociación delictuosa y portación de armas de la policía. Esas acusaciones falsas quedaron registradas en sus antecedentes.

“Sigo con sobreseimiento, con antecedentes. Yo quisiera, pido y quiero ser como antes, libre sin antecedentes. Con antecedentes no puedo trabajar en nada, han manchado mi imagen, eso es lo que yo pido y eso me duele, no sé qué he hecho para que me hagan esto”, se quejó en contra del régimen de facto de Jeanine Áñez.

Bolivia se sumó al reclamo que varios países de distintas partes del mundo ya realizaron por el acaparamiento de las vacunas anticovid, y demandó acciones de parte de los países vecinos para hacer escuchar su voz ante la comunidad internacional por la injusticia que se estaría cometiendo contra las naciones más pobres.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, denunció en la víspera que solo 10 países, de los más ricos del mundo, concentran el 80% de las vacunas contra el COVID-19 y alertó sobre la escasez de las dosis, por lo que llamó a una cruzada contra esa injusticia.

“Hay una escasez de vacunas en todo el mundo, porque los países ricos están comprando para sí y están dejando a nuestros países más pobres sin vacunas”, denunció.

Convocó a las autoridades de salud de otros países para realizar un manifiesto en conjunto y así hacer conocer al mundo la realidad regional, ya que la crisis por la ausencia de vacunas también se refleja en la mayoría de países de Latinoamérica.

En esa línea, en pasados meses, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hizo la misma denuncia y demandó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que haga cumplir el mecanismo de acceso global a las vacunas (COVAX).

“La carrera por obtener la vacuna Covid-19 ha mostrado la fuerza del mercado sobre los organismos encargados de darle más equidad al mundo (…). No se respetó la solidaridad que la OMS vía el mecanismo de Covax nos prometió”, indicó el gobernante mediante su cuenta de Twitter.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) creó el sistema COVAX, con el objetivo de garantizar que los países más pobres no estén al margen de las vacunas. Así, 92 países de bajos ingresos podrían comprar vacunas con ese mecanismo.

Asimismo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en febrero pasado se pronunció en contra de lo que considera una “inacción” por parte de la ONU para evitar el monopolio.

“Hay más de cien países que no tienen una sola vacuna. Es injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto coincidimos la mayoría de los pueblos”, afirmó en dicha oportunidad.

Representantes de los gobiernos de Argentina y Chile igualmente censuraron el acaparamiento de las dosis y destacaron la necesidad de que en América Latina y el Caribe se coordine mejor como región, a fin de producir insumos contra la pandemia y emprender estrategias para superar la crisis económica y social que ésta dejó.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también denunció que en el caso de su país el bloqueo económico por parte de Inglaterra, Portugal, España y Estados Unidos, impide la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

“Los recursos para comprar la vacuna de Venezuela los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Les hemos reclamado (a estos países) que nos entreguen el dinero para comprar la vacuna, a través de la OMS, y se han negado”, dijo el mandatario.

De la misma forma, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió que los países ricos dejen de acumular vacunas y que las liberen para que los más pobres puedan acceder a ellas.

“Necesitamos que aquellos que han acaparado vacunas las liberen para que otros países puedan adquirirlas. Los países ricos del mundo se lanzaron y adquirieron grandes cantidades de vacunas, algunos países adquirieron hasta cuatro veces lo que su población necesita”, aseguró.

Ante este hecho, Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam denunció que los países ricos acapararon dosis suficientes de vacunas contra el coronavirus para vacunar casi tres veces a toda su población.

Según sus reportes, casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra el COVID-19 en 2021 si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe dependen del COVAX, el mecanismo conjunto de la OMS y la Iniciativa Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI) tienen para repartir equitativamente 281 millones de dosis.