El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, suscribieron este jueves un convenio con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para el desarrollo conjunto de cursos de capacitación y actualización en temas y terminología correspondientes al ámbito penal, en favor de los jefes de redacción y los periodistas de los medios de comunicación del país.

“Lo que se pretende es promover cursos de capacitación y actualización a favor de los periodistas, jefes de redacción y de prensa de medios de comunicación de radio, prensa, televisión y páginas digitales de información en temáticas relacionados a las funciones del Ministerio Público. Asimismo, facilitar material jurídico para apoyar las capacitaciones”, señaló Lanchipa, citado en un boletín institucional.

El convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación y cooperación a través del desarrollo de cursos de capacitación y actualización, en beneficio de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, para así apoyar en el entendimiento de las funciones propias de la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, los periodistas participarán en los eventos organizados por el Ministerio Público e intercambiarán criterios en temas de interés social como la trata y el tráfico de personas y la violencia contra niños, niñas adolescentes y mujeres, entre otros.

La directora de Gestión Nacional del Sistema Único de Salud, María Bolivia Rothe, calificó de político y defensor de intereses particulares al paro anunciado por sectores de médicos, mientras el Gobierno alista la vacunación masiva contra el COVID-19 con la habilitación de 4.123 centros de salud y brigadas móviles.

La autoridad, en el programa 180, de Radio Patria Nueva, lamentó que algunos sectores de médicos prioricen sus intereses políticos y defiendan beneficios personales en momentos en que el país lucha contra una pandemia.

Cuestionó que “un grupo de médicos, siguiendo solamente intereses personales, político-partidarios y de conveniencia, sin pensar en la población, haya decidido un paro que además es totalmente injustificado”.

De esa manera, Rothe hizo alusión a la candidatura de Luis Larrea, actual presidente del Colegio Médico de La Paz, quien es a la vez postulante a la Alcaldía de La Paz por la agrupación política Unidos por La Paz.

La Directora cuestionó que los galenos lograron incluir sus observaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, tras firmar un acuerdo con el Gobierno, pero luego “borraron con el codo lo que escribieron con la mano”.

Añadió que el paro de los médicos no afectará al Gobierno, pero sí a la población en general.

Por otro lado, Rothe dijo que el Ejecutivo prevé la llegada de 500.000 vacunas contra el coronavirus, entre el 22 y el 25 de febrero. Para la aplicación masiva de esos inmunizantes se habilitarán 4.123 centros de salud y se pondrá en vigencia brigadas de salud que recorrerán el área rural, manifestó.

En el caso de las brigadas, cada una de ellas estará conformada por tres personas: un vacunador, un facilitador y una persona dedicada al registro de la inmunización.

Rothe dijo que la vacunación se regirá en base a varios principios, entre ellos los de equidad, igualdad, gratuidad y no discriminación.

La Defensoría del Pueblo rechazó este jueves el paro médico que organiza el Consejo Nacional de Salud (Conasa) ante la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, norma que determina medidas respecto a la lucha contra el COVID-19.  

“La Defensoría del Pueblo lamenta la decisión del Consejo Nacional de Salud (Conasa) de decretar el inicio de un paro médico nacional en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria; y pide a este ente sustentar las medidas de presión anunciadas y que las protestas que protagonizan estén enmarcadas en la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2”, se lee en parte de un pronunciamiento de la institución defensora de derechos humanos.

El presidente Luis Arce promulgó el miércoles la ley que plantea cinco ejes para atender la segunda ola de la pandemia. Por ejemplo, establece la conformación de un consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

La semana anterior, el Consejo Nacional de Salud advirtió con asumir el paro de actividades y protestas en las calles, pese a la pandemia, si es que se ponía en vigencia la norma que prohíbe la suspensión de actividades del servicio de salud, entre otros temas.

“Si bien se reconoce el derecho a la protesta del sector salud como grupo vulnerable frente a la COVID-19, sus demandas deben ser razonables y se deben agotar todas las vías de diálogo. Es importante resaltar que el derecho a la protesta puede ser limitado cuando se trata de proteger un bien jurídico mayor como es la salud de la población, y las amenazas de un paro indefinido se constituyen en un riesgo a la salud de las y los bolivianos”, indicó este jueves la Defensoría del Pueblo.

La norma fue promulgada en el marco del acta de entendimiento entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud sobre su contenido. En referencia a este punto, la Defensoría dio a conocer que cuenta con información oficial sobre dicho acuerdo, “no encontrándose un punto de debate que justifique las medidas anunciadas por el sector de salud”.

“La Defensoría del Pueblo exhorta al nivel central del Estado a convocar al diálogo para resguardar el derecho a la salud de la población recordándole que la garantía de continuidad de los servicios de salud está bajo su responsabilidad y de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2”, acota el pronunciamiento.

Asimismo, exigió al Estado asegurar los recursos destinados a garantizar medidas de bioseguridad para el personal médico e instó a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, para que, en el marco de sus competencias, continúen y amplifiquen la atención de estas demandas.

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La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, entregó este jueves 40 proyectos de estudio a diseño final para el manejo integral de cuencas y el mejoramiento de los sistemas de riego en 17 municipios.

“Hemos entregado proyectos de preinversión a diseño final para 17 municipios. Son 40 proyectos”, manifestó en un acto público.

La inversión para la ejecución de los planes fue de Bs 6,4 millones y los municipios beneficiados serán Anzaldo, Arani, San Benito, Santiváñez, Tarata, Tiquipaya, Villa Rivero, Vinto, Mizque, Pasorapa, Totora, Arque, Bolívar, Capinota, Sipe Sipe y Tapacarí.

En ese contexto, Soria explicó que los proyectos serán derivados al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la búsqueda del financiamiento respectivo.

“Se han enviado ya 15 proyectos, pero vamos a enviar el resto para dejarlos a las próximas autoridades de las subnacionales encaminados”, complementó.

El titular del Servicio de Cuencas, Omar Vargas, detalló que los recursos económicos para la elaboración de los proyectos a diseño final fueron financiados por el Programa Piloto de Resiliencia Climática, a través del Banco Mundial.

Detalló que, entre los proyectos, hay 15 referidos al manejo integral de cuencas y 25 tiene relación con el riego con visión de cuenca.

“Para ejecutar los proyectos, los gobiernos municipales deben buscar fuentes de financiamiento. La Gobernación de Cochabamba apoyará con contrapartes”, aseveró.

El alcalde del municipio de Pasorapa, Jaime Mendieta, dijo que esa región se beneficiará con un proyecto para la construcción de muros defensivos sobre el río Mizque en la comunidad de Yajopampa, e indicó que ayudará a la producción agrícola “ya que cuando llega el río Mizque se desvía y desborda, y se pierden cantidad de hectáreas de cultivo, ya sean frutales, hortalizas y otros alimentos”.