El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, instruyó este jueves la reanudación del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del país, en el marco de la convocatoria pública externa 001/2021.

El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Roberto Almendras, señaló que la decisión fue tomada por el reporte de descenso de contagiados de COVID-19 a nivel nacional.

“De acuerdo con los últimos reportes y ante el descenso de los contagios por Covid–19, el Fiscal General del Estado ha instruido la reanudación del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del país, en el marco de la Convocatoria Pública Externa Nº 001/2021”, aseveró, de acuerdo con un boletín institucional.

Según Almendras, la disposición hará que se continúe con las etapas de selección previstas en el reglamento respectivo.

La autoridad judicial recordó que una vez vencido el plazo de presentación de postulaciones, mediante el comunicado Nº 001/2021, se dispuso la pausa del referido proceso debido al incremento de número de contagios por COVID-19.

“Sin embargo, a partir de la fecha se reanuda el mismo con la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, para luego proceder a la calificación de méritos de las y los postulantes habilitados”, acotó.

De acuerdo con el Reglamento específico del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del Ministerio Público, luego de la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, se realizará la prueba escrita de conocimientos y, finalmente, una entrevista personal.

“Se está llevando adelante este proceso de selección bajo una estricta transparencia institucional, con el objetivo de contar con los mejores profesionales para ocupar los cargos de fiscales departamentales en las nueve fiscalías del país”, concluyó Almendras.

La Defensoría del Pueblo condenó este jueves las agresiones sufridas por la periodista Jeruslava Ojeda, de radio Patria Nueva, por parte de activistas políticos en el departamento de Santa Cruz.

Carlos Lara, delegado de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, pidió que las autoridades llamadas por ley, como la Fiscalía o la Policía, asuman su rol en la protección de la sociedad.

“En principio, desde la Defensoría del Pueblo se condena estos hechos de violencia, sobre todo en el marco de las agresiones de Jeruslava Ojeda, que sufrió cuando realizaba su trabajo”, sostuvo el representante.

La periodista recibió golpes de puño, insultos, jalones de su ropa y agresiones físicas por un grupo de partidarios de la agrupación ciudadana “Voces”, del municipio de La Guardia.

La Defensoría instó a la Policía al cumplimiento de su mandato constitucional de protección y defensa de la sociedad, y exigió al Ministerio Público iniciar la investigación para establecer responsabilidades y sanciones que correspondan al caso.

Además, se inició acciones de oficio para llevar adelante labores de seguimiento del caso, que fue denunciado por la víctima ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“La institución defensorial reprocha todo acto de violencia y condena enfáticamente estas acciones que eviten el ejercicio de los derechos humanos, por lo cual, nos solidarizamos con la periodista víctima de agresión, ocurrida esta jornada durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, exhortamos a la Policía cumplir su mandato constitucional de protección a los ciudadanos”, dijo Lara.

Recordó que el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, establece que los periodistas se encuentran protegidos por normas internacionales de derechos humanos, también se encuentran amparados por nuestra Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, entre otras, indica un informe contenido en la página de Facebook de la Defensoría.

La Unión Europea (UE) informó este jueves, mediante un comunicado, que entregará una donación de equipos de protección individual contra el COVID-19 al Estado Plurinacional de Bolivia.

Los insumos fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Unión Europea. La entrega oficial está programada para este viernes 12 de marzo.

“En respuesta a la solicitud del Gobierno boliviano, llega al país un cargamento europeo de emergencia contra el COVID-19. Se trata de equipos de protección individual para personal de salud con un valor aproximado de 340 mil dólares, incluyendo el transporte”, se lee en parte del comunicado.

Bolivia es el principal socio de cooperación en la región para la Unión Europea, que es el mayor contribuyente al mecanismo COVAX, una iniciativa global de riesgo compartido para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19.

“Deseamos felicitar a Bolivia por el inicio de la vacunación masiva. En este contexto, saludamos que el país haya sido elegido para recibir vacunas gratuitas del mecanismo COVAX, del que la UE es el principal donante en el mundo”, añade el comunicado.

A un año y tres meses de la masacre de Senkata (El Alto) y de Sacaba (Cochabamba), apenas hay un aprehendido, el almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, por su supuesta participación en el golpe de Estado, sindicado por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Las víctimas claman justicia y que se acelere la investigación.

El periodista de radio Wayna Tambo, Mario Rodríguez, y la vecina del Distrito 8, Iveth Saravia, quienes fueron testigos y partícipes de los hechos ocurridos en las jornadas de noviembre de 2019, compartieron su relato en el programa Memorias que se emite por la Red Patria Nueva.

“La primera víctima (en caer) fue una señora de pollera que vendía en la puerta de la planta de gas y cuyo cuerpo no ha sido recuperado hasta la fecha. El forcejo ocurre porque los vecinos querían recuperar el cuerpo pero (los militares) lo metieron a la planta de gas”, graficó el comunicador.

Después cayeron otros muertos y heridos, relató Rodríguez.

“Cuando cayó el muro (de la planta de gas) empiezan a caer los otros muertos. Uno de ellos era un jovencito de 24 años al cual tratamos de salvarle, tenía una bala atravesada a la altura de la cadera, pero no teníamos medicamentos para salvarle la vida. Poco después lo llevaron a una de las postas, pero había perdido mucha sangre”, indicó.

“¿Por qué nos están disparando?, ¡nosotros no estamos armados!”, les gritó Saravia a los militares en el momento en que trataban de llevarse al interior de la planta de gas el cuerpo de otra persona que estaba en la carretera Oruro-La Paz, pero recibió como como respuesta: “Nosotros no estamos disparando”. 

Saravia informó que, un día antes, alguien le llamó para alertarle que había llegado un contingente de Satinadores de la “Escuela de Cóndores de Bolivia” de Sanandita que estaban parapetados en el interior de la planta de gas, quienes empezaron a disparar gases y balas contra la multitud.

Los hechos también fueron investigados por la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que indagó las masacres de Senkata y de Sacaba, que ocasionaron la muerte de alrededor de 20 personas.

El informe de la comisión manifiesta que la violenta represión policial y militar dejó alrededor de un centenar de heridos, detenidos y torturados, quienes sufrieron la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.

Cipriano Rogelio Chapetón, de 31 años, relató: “Yo me estaba dirigiendo a la (feria) 16 de Julio comprar una tuerca para mi máquina y en ese momento me han disparado, en ese momento he sentido un golpe duro y dije ¿Qué ha pasado? Entonces pensé que me habían arrojado una piedra, yo no pensaba que era bala, me fijé mi brazo y entonces estaba colgando”.

“Hemos llegado al hospital Boliviano-Holandés y directo los doctores y enfermeras nos han agredido ‘por qué han ido’, ‘ahí pues ustedes se han ganado’, ‘ustedes son masistas’, ‘ahora directo van a ir a la cárcel, son unos sediciosos, vándalos, terroristas’, ‘ahora llámenle al Evo pues, que les haga curar él’ y ahí han entrado los policías y nos han amenazado con detenernos”, manifestó.

Ahora, a un año y tres meses de ese hecho, la Fiscalía investiga y prepara un juicio en contra de los autores materiales e intelectuales de las masacres para mostrar la represión ordenada por la gobernante de facto y ejecutada por los militares y policías que dispararon contra un pueblo armado de valor y coraje para defender las conquistas sociales de 15 años.