Los dirigentes David Veizaga y Ponciano Santos, que impulsaron el bloqueo de caminos, junto a Evo Morales. Foto: Facebook Evo es Pueblo
UNIR: Afines a Morales activaron mayor conflictividad en enero por fines políticos que genuina preocupación por la justicia

UNIR: Afines a Morales activaron mayor conflictividad en enero por fines políticos más que por una genuina preocupación por la justicia

La Paz, 26 de febrero de 2024 (ABI). – En Bolivia se dieron 85 conflictos en enero, la mayoría protagonizada por seguidores del expresidente Evo Morales en contra de los prorrogados magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque su motivación es más política que genuina preocupación por la justicia, reveló un informe de la Fundación UNIR Bolivia.

“Durante el primer mes de 2024 se registraron 85 conflictos en Bolivia. La difícil situación económica del país sumada a la ‘cuesta de enero’ determinó que los conflictos vinculados a esa problemática sean los más numerosos”, se lee en el informe.

Si bien hubo movilizaciones como de colegios privados ante la prohibición de incrementar las pensiones escolares, la de comerciantes de un mercado de Santa Cruz por la presencia de otros vendedores, entre otras de esa naturaleza, “la mayoría de los conflictos se originó en la afectación económica provocada por los bloqueos carreteros efectuados por seguidores de Evo Morales ante la prórroga del mandato de magistrados”.

“Indudablemente el conflicto más importante fue el llevado a cabo por los seguidores de Morales. Si bien la prórroga del mandato de magistrados es ampliamente percibida como un acto ilegítimo, también se advierte que el conflicto es resultado del interés político de un sector del MAS y no de una preocupación genuina por la idoneidad del órgano de justicia. Estando relativamente próximas las elecciones nacionales es previsible que este tipo de conflictos se multiplique”, se advierte en el informe.

Como efecto de las fallidas elecciones judiciales en 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó, mediante la declaración constitucional 0049/2023, la prórroga de mandato de los magistrados y consejeres hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades, proceso que está en curso.

Además, antes de fin de año el TCP emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023 en la que hace prevalecer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que, a solicitud de Colombia, resolvió en una Opinión Consultiva que la reelección indefinida no es un derecho humano y que es contraria al ejercicio de la democracia representativa.

Con esa decisión, Morales ve afectado su interés de volver a postular a la Presidencia.

En protesta, los seguidores del exmandatario iniciaron una vigilia en Sucre exigiendo la renuncia de los magistrados. Sin lograr el objetivo, iniciaron el 22 de enero un bloqueo de caminos que se prolongó hasta el 6 de febrero, exigiendo la renuncia de los magistrados y elecciones judiciales.

Sin bien la medida debía ser nacional, estuvo centrada en el departamento de Cochabamba, donde Morales tiene su mayor fuerza con la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, que aglutina a productores de hoja de coca.

Precisamente Unir señala que las “protestas convocadas por Evo Morales en rechazo a la prórroga del mandato de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura –lo cual no favorece sus aspiraciones presidenciales– movilizaron al Pacto de Unidad y a la CSUTCB afines al expresidente, así como a los cocaleros del trópico cochabambino”.

Según el reporte, los bloqueos carreteros estuvieron centrados en Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, Santa Cruz y Tarija, y las protestas en la ciudad de Sucre, “volcaron la atención pública hacia ese caso”.

Durante más de dos semanas se impidió la libre circulación de personas y mercadería; de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas el daño económico se acerca a los $us 1.000 millones.

Si bien el 2 de febrero los dirigentes campesinos que responde a Morales decidieron levantar el bloqueo, otro grupo decidió continuar con la extrema medida hasta el 6 de febrero en Parotani, en la vía que conecta a Cochabamba con el occidente del país, cuando el presidente Luis Arce promulgó la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

Efecto del bloqueo de carreteras, el Carnaval de Oruro experimentó pérdidas de Bs 20 millones. Además, durante los días de paro se registró el fallecimiento de al menos tres personas y la denuncia de abuso sexual a una menor de edad en un punto de bloqueo en Cochabamba.

“A pesar de la larga duración de los bloqueos y de los daños económicos causados, las víctimas fueron menos numerosas que en otros casos, aunque hubo que lamentar tres fallecimientos debido a problemas de salud que no pudieron atenderse por los bloqueos”, agrega el informe de Unir.

Rdc/Jfcch/CC


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