6 de agosto: El pueblo recuperó la democracia y se derrumbaron los relatos de “fraude” y “sucesión constitucional”
6 de agosto: El pueblo recuperó la democracia y se derrumbaron los relatos de “fraude” y “sucesión constitucional”

6 de agosto: El pueblo recuperó la democracia y se derrumbaron los relatos de “fraude” y “sucesión constitucional”

Bolivia llega a este 6 de agosto con la democracia recuperada, con la desintegración de los relatos de “fraude” y “sucesión constitucional” usados para impulsar/justificar el golpe de Estado de 2019, y con la certeza de que entonces ocurrieron masacres y violaciones masivas a los Derechos Humanos, cuyos responsables intelectuales y materiales deben ser sancionados por la justicia.

Hace un año, el país sufría el embate del régimen de Jeanine Áñez que implantó un gobierno a punta de fusil con un saldo de al menos 37 personas muertas (todos indígenas opositores al golpe), 804 heridas y, según la Defensoría del Pueblo, más de 1.141 detenidas de manera ilegal (inclusive con la participación de grupos civiles paraestatales) y sometidas a torturas y vejaciones.

Ese 6 de agosto de 2020, Áñez se encontró enfrentada con el Legislativo, pero, a la vez, felicitó a los militares por salir a reprimir a las calles. “Quiero rendir un homenaje histórico a las Fuerzas Armadas de nuestros días, que han salido a la calle con dos misiones: la de defender la democracia en noviembre de 2019, y la misión de defender la salud del pueblo boliviano en los últimos meses”, dijo entonces.

Esa fecha, el país se encontraba con las carreteras bloqueadas por parte de los sectores sociales, Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas que exigían a Jeanine Áñez llamar a elecciones generales, tras sus dos maniobras de prórroga.

Un dato llamativo de entonces es que Luis Almagro, de la OEA, condenó los bloqueos que presionaban por la recuperación de la democracia mientras el régimen de Áñez inició juicios penales contra los bloqueadores que exigían la convocatoria a elecciones generales.

Esa movilización popular para recuperar la democracia, se tradujo en los comicios generales del 18 de octubre de 2020 que ratificaron su apoyo al MAS-IPSP y al candidato Luis Arce con el 55,11% de la votación popular, apoyo contundente que no esperaba el régimen de facto ni sus aliados internos y externos.

El 22 de enero de 2021, en el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente constitucional, Luis Arce, celebró que se haya recuperado la democracia de forma pacífica en el país, luego del golpe de Estado y de casi un año del gobierno de facto que quiso prorrogarse en el poder, a través de la fuerza y con la excusa de la pandemia. “¡Recuperamos nuestra democracia! La victoria es del pueblo”, dijo entonces.

La recuperación de la democracia fue destaca también por la asociación de víctimas y heridos de la masacre de Senkata, cuya dirigente, Marisol Rodríguez, dijo que ahora el pueblo puede transitar libre en las calles y expresar su opinión sin restricciones.

Por otra parte, uno de los justificativos de los golpistas de 2019, fue el relato de la existencia de un supuesto “fraude monumental” en las elecciones de ese año. Sin embargo, ocho estudios internacionales derrumbaron ese relato y la Fiscalía General del Estado decidió el sobreseimiento de los investigados en este caso ante la inexistencia de pruebas.

Los estudios internacionales que establecieron que no hubo fraude en 2019 corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, otra pesquisa efectuada por Walter Mebane, de la Universidad de Michigan; el estudio de la consultora Dreamlab Technologies y otra investigación efectuada por The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes y, recientemente, la Universidad de Salamanca de España.

Esta última investigación se trata de una pericia encargada por la Fiscalía al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España).

Esa institución concluyó que se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. También, demostró que los sistemas y las bases de datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

En otras palabras, ese octavo estudio coincidió con otras pesquisas internacionales en sentido de que no hubo fraude en los comicios generales de 2019.

Otro de los relatos de los golpistas fue que la toma del poder por parte de Áñez se trató de una “sucesión constitucional” avalada por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Sin embargo, esa institución, en una carta dirigida el 20 de julio de 2021 a la Comisión de Fiscales que investiga el caso golpe de Estado, informó que en el TCP “no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.

Derrumbados por las evidencias verificables, los relatos de “fraude monumental” y “sucesión constitucional” de Jeanine Áñez, queda pendiente la implementación de justicia para las víctimas del golpe de 2019, es decir, sanción para los culpables de las masacres, de las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en ese régimen de facto.

Al respecto, el presidente Arce dijo el miércoles 4 de agosto de este año que “es importante esclarecer no solamente porque los bolivianos tenemos derecho a conocer lo que efectivamente ocurrió en esos días del golpe de Estado, de las masacres (…), sino también se requiere hacer justicia con las víctimas de Senkata, Sacaba. Un clamor popular que lo hemos escuchado a viva voz, en carne propia de los familiares y de todas las víctimas de estos hechos sangrientos”.

"Al hablar del golpe de Estado y el Gobierno de facto, debemos necesariamente mencionar la investigación que la justicia boliviana está realizando al respecto, donde se pretende identificar a los autores intelectuales y materiales de los excesos y delitos que llevaron a las muertes en Sacaba, Senkata, El Pedregal y otros lugares", dijo entonces el Mandatario.

Respecto a las investigaciones, cinco organizaciones internacionales y una entidad nacional denunciaron que, en el régimen de Jeanine Áñez, se produjeron masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso desproporcionado e innecesario de la fuerza contra manifestantes desarmados y se detectó la presencia de grupos violentos paraestatales.

Los informes fueron elaborados, en distintos momentos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) y la Defensoría del Pueblo.

Estos reportes se convierten en la antesala del informe que difundirá el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga hechos de violencia y violaciones de derechos humanos, ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Respecto al apoyo a los familiares de las víctimas de las masacres, el Gobierno dio, al menos, tres pasos decisivos para esclarecer las masacres de 2019: Firmó el acuerdo con el GIEI, garantizó el apoyo del Estado a esa investigación y cumplió el pliego presentado por los familiares de las víctimas. Todo ello bajo los principios de “Memoria, verdad y justicia”.

El pliego de pedidos de los familiares de las víctimas ha sido atendido satisfactoriamente, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, según un reporte de prensa de ese despacho del 13 de marzo de 2021.

Las personas accedieron a una fuente laboral estable y a un bono alimenticio; se gestionaron becas para jóvenes y se reembolsó gastos médicos, como parte del proceso de atención y reparación entre el Gobierno nacional y las víctimas, indica el informe.

El Gobierno y las víctimas, el pasado 20 de enero, firmaron un acuerdo y de manera previa y posterior sostuvieron varias reuniones para poder viabilizar el cumplimiento del Decreto Supremo 4176 que establece la ayuda humanitaria para los familiares de las víctimas de las masacres y para los sobrevivientes.

Sobre el tema, la dirigenta Rodríguez, de la asociación de familiares de heridos en Senkata, dijo que el Gobierno les proporcionó el apoyo en diversos rubros y la atención médica necesaria.

La representante dijo que aún están pendientes las sanciones, por parte de la justicia, para los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba.



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