Gobierno democrático recobra los derechos a la salud y educación para la población boliviana
Gobierno democrático recobra los derechos a la salud y educación para la población boliviana

Gobierno democrático recobra los derechos a la salud y educación para la población boliviana


“Nosotros formamos parte del pueblo boliviano, un pueblo que sabe salir de las adversidades, que ha sabido demostrar su fortaleza, en ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos de recuperar nuestro derecho a la salud, han pretendido asfixiar nuestro Sistema Único de Salud, universal y gratuito”, afirmó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

El Artículo 35 de la Constitución Política del Estado indica que “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida (…)”.

“El gobierno de facto se caracterizó por una improvisación, corrupción, imposición sin coordinación de ningún tipo de acciones, priorización de hospitalizaciones, se han cerrado los centros de salud y se ha descuidado al pueblo en su conjunto. Además, se ha caracterizado por tener los peores indicadores de la pandemia”, dijo Auza, en la interpelación que tuvo en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 20 de julio pasado.

Explicó que el actuar del Gobierno de Luis Arce tiene una “abismal diferencia”, cuenta con un Plan integral de vacunación 2021 basado en cuatro ejes: diagnóstico oportuno, masivo y gratuito; vacunación voluntaria, gratuita y equitativa; coordinación con todos los niveles del Estado; y vigilancia epidemiológica activa. El plan tiene 10 pilares que sostienen la estrategia integral de lucha contra la pandemia del COVID-19.

La Ley 1152 es un hito en la historia del país, porque a través de ésta creó el Sistema Único de Salud (SUS) con un presupuesto de Bs 2.541.402.446,8, para atenciones gratuitas en salud en los tres niveles; hasta el momento se cubrieron 244.217 atenciones.

La autoridad dijo que priorizaron la prevención del COVID-19 con pruebas masivas y vacunas gratuitas, sin descuidar el tratamiento hospitalario que logró contener la pandemia, “pero no podemos estar orgullosos porque al final se han perdido vidas”.

Señaló que la estrategia de cuarentenas rígidas impulsadas por el gobierno de facto fue “un fracaso”, las estadísticas muestran que la letalidad durante ese periodo fue la más alta llegando a 6,2%. En la segunda ola llegó a 2,6% y en la tercera a 2,7%.

El 29 de enero se dio inicio a la campaña de vacunación en Bolivia con la “dosis de esperanza”; Sandra Ríos fue la primera profesional en enfermería que recibió el inmunizante Sputnik V, en la ciudad de Santa Cruz.

En esa oportunidad, el presidente Luis Arce Catacora llamó a consolidar los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y las entidades subnacionales. 

“Todos unidos en esta tarea de lucha contra el COVID-19 vamos a lograr salir adelante”, aseveró Arce.

El Gobierno gestionó medicamentos y vacunas, garantizando 18.720.962 dosis para cubrir a la totalidad de la población vacunable, a una población meta de 7.617.519 para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Bolivia cuenta con “una canasta de vacunas”, de los proveedores: Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer y Janssen. La inmunización se inició con población priorizada: personal de salud, personas con enfermedad de base de 18 a 59 años y población de 60 años en adelante; paulatinamente se avanzó con otros grupos etarios, de 50, 40, 30 años, y desde julio se extendió a personas desde los 18 años.

“Según nuestras proyecciones, hasta diciembre de este año inmunizaremos con primeras dosis entre el 88 al 93 por ciento de la población total vacunable”, aseveró Auza.

Dentro del plan oxígeno para Bolivia, se instalaron 37 plantas generadoras de ese insumo vital en hospitales de segundo y tercer nivel, además de otro equipamiento que demandó una inversión de Bs 168,2 millones.

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), invirtió Bs 317 millones en contratos de personal, destinados a la lucha contra el COVID-19.

A diferencia del gobierno de facto, la gestión del presidente Luis Arce invirtió Bs 124 millones y gestionó donaciones por un monto de Bs 6,6 millones para dotar de equipos de bioseguridad al personal de primera línea que lucha contra la pandemia del COVID-19, se instaló 18 laboratorios para realizar las Pruebas de Amplificación de Ácidos Nucleicos (PAAN) por el método de PCR-RT, resaltó.

Con la finalidad de aplicar el Plan estratégico de lucha contra el COVID-19, se realizaron reuniones con las gobernaciones y Sedes a nivel nacional, así como con autoridades municipales.

También se coordinó con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia) y con las organizaciones sociales, comerciantes, trasportistas, gastronómicos, así como con el sector de la prensa para agilizar la inmunización. 

El 24 de mayo se inició el proceso de vacunación a maestros rurales y urbanos, el porcentaje de inmunizados oscila entre el 80% y el 90% a la fecha.

“Nuestro Gobierno ha diseñado una estrategia clara para recuperar la economía y superar la pandemia”, apuntó Auza.

La autoridad señaló que la problemática de salud no puede estar circunscripta solo al COVID-19, por lo que se estableció un enfoque integral de atención a la salud del pueblo boliviano.

En un histórico encuentro nacional de salud, realizado el 30 de julio en Santa Cruz, se concretó una alianza estratégica entre el Gobierno nacional y los subnacionales, para encarar la campaña de inmunización integral del sistema regular de vacunas, para las niñas y niños del país, que quedó rezagada por la pandemia y tiene el objetivo de evitar el rebrote de varias enfermedades.

Asimismo, la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA), es el aliado estratégico más importante para salvar vidas en la lucha contra el COVID-19; con un kilometraje de recorrido equivalente a casi seis vueltas al mundo, cumplió con el traslado de vacunas y medicamentos desde Estados Unidos, Rusia y China, con unas 20 operaciones exitosas desde el 8 de enero hasta el 2 de agosto, en itinerarios de más de 50 horas de vuelo y un personal capacitado y sacrificado. BoA se constituyó en un referente internacional por sus operaciones.

Educación: un derecho recobrado en Bolivia

El 31 de julio de 2020, el régimen de Jeanine Áñez redujo el rol estatal en la educación, al clausurar el año escolar como efecto de la pandemia del COVID-19; tras la posesión del Gobierno democrático de Luis Arce, a través del Ministerio de Educación se diseñó una política para recobrar el derecho a la educación de 2,9 millones de estudiantes en el país.

“Para la historia de la educación en nuestro país (la clausura del año escolar) fue totalmente lamentable, por que el anterior gobierno tomó la decisión más cobarde e infame, atentando la educación de los niños, niñas y adolescentes”, dijo José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares.

La clausura del año escolar tiene consecuencias hasta la fecha, muchos estudiantes arrastran problemas para nivelarse y varios bachilleres del 2020 tropiezan para ingresar a las universidades.

Para el actual ministro de Educación, Adrián Quelca, la clausura del año escolar durante el régimen de Áñez fue un “delito de lesa humanidad porque prohibió el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes”.

El Artículo 17 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”.

En ese marco, el Gobierno diseñó e implementó una estrategia para garantizar que todos los estudiantes bolivianos tengan acceso a la educación este 2021, en base a cuatro componentes: la Plataforma Educativa, la distribución gratuita de textos de aprendizaje, que demandó una inversión de más de Bs 24 millones, y la difusión de las tele y radio clases mediante la franja Educa Bolivia.

Según la Rendición Pública de Cuentas final, gestión 2020, durante el régimen de Áñez no solo se produjo la clausura del año escolar; sino que se impulsó el desconocimiento de la Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en un claro intento de anular el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y de retornar al modelo neoliberal privatizador.

La educación es un derecho humano fundamental y es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional.

La recuperación de este derecho marcó uno de los primeros hitos del gobierno del presidente Luis Arce. Así quedó registrado el 1 de febrero en la inauguración de la Gestión Educativa 2021 en el colegio Pedro Rivera, en la comunidad San Andrés de Tarija.

Hasta la última semana de julio, el 34,12% de las unidades educativas en toda Bolivia pasaba clases en la modalidad semipresencial, mientras que el 28,10% trabajó en la modalidad presencial; ambos porcentajes hacen un total del 62,22%.

El 24 de junio, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rafael Ramírez, resaltó la amplitud de la estrategia aplicada por el Ministerio de Educación.

“Desde nuestro punto de vista, las diferentes modalidades que hay son amplias, dan la flexibilidad necesaria y se tiene los instrumentos necesarios como la Plataforma Educativa, los mecanismos para educación a distancia, las tele y radio clases, que son mecanismos flexibles. Hay que reconocer que su efectividad en cada uno de estos mecanismos es bastante buena”, aseguró.

Entre otros logros en beneficio de la educación, el ministro Quelca destaca la recuperación del incentivo de Bs 1.000 al “Bachiller destacado”, luego de que el pago fuera suspendido en el gobierno de facto.

Entre las medidas asumidas por el Gobierno de Luis Arce, también resalta la asignación del 10% del Presupuesto General del Estado al sector educativo; además de la incorporación de maestras y maestros graduados por excelencia en su fuente de trabajo.

Se retomaron las entregas de infraestructura educativa a nivel nacional, además de la implementación de laboratorios con su respectivo equipamiento. Ya está en marcha la 10° Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana y el VII Encuentro Plurinacional de Maestras y Maestros Educa Innova 2021.

“Vamos a trabajar para que desde el ámbito educativo podamos aportar al desarrollo económico del país, porque para eso existe el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, el bachillerato técnico humanístico que es la antesala para la formación de profesionales en el ámbito productivo, ese es el reto”, aseveró Quelca.

 



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