La Paz, 09 de octubre de 2022 (ABI). – Llegaron en distintos momentos y por diversos caminos a Palacio Quemado, pero asumieron similares acciones: reprimieron a la población, desmantelaron el Estado y beneficiaron a sus aliados. Así actuó el dictador Hugo Banzer Suárez y también la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Añez.
Banzer, el dictador
El 18 de agosto de 1971, Banzer entró clandestinamente a Bolivia, pero fue tomado preso en Santa Cruz y conducido en avión al cuartel de Carabineros de La Paz.
Al día siguiente estalló en Santa Cruz una sedición de sus partidarios autocalificada de "revolucionaria", mientras que en la capital los rebeldes le proclamaron presidente de la República.
El 21 de agosto de 1971, se constituyó una Junta Militar de Gobierno de tres miembros: el coronel Andrés Sélich Chop, el general Jaime Florentino Mendieta Vargas y el propio Banzer.
Una jornada más tarde, la junta delegó la Presidencia de la República con plenos poderes a quien era el verdadero cerebro y líder del movimiento golpista: Banzer.
Después de diez días, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Banzer como presidente y en una clara muestra de su respaldo empezó a canalizar su cooperación económica.
Estados Unidos apoyó el Plan de Emergencia del Gobierno con una donación de $us 2 millones y un crédito de $us 12 millones; USAID respaldó al Banco Agrícola con $us 20 millones para asistencia técnica y $us 18 millones para créditos a agricultores.
Ya convertido general, Banzer fue parte del “Plan Cóndor”, un mecanismo sistemático coordinado entre las dictaduras del Cono Sur (Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) para la represión política entre los años de 1970 y 1980.
De acuerdo con el exministro de Defensa Reymi Ferreira, el golpe de Banzer fue el más nefasto de la historia. Se registraron 468 muertes, 3.000 personas detenidas y casi 2.000 personas fueron exiladas o confinadas.
“Fue un periodo de terror donde se censuró toda la prensa, por lo menos 30 periodistas fueron torturados y detenidos”, indicó.
Pese a ello, Banzer, con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), ingresó a la arena política y como resultado de las alianzas políticas cogobierna por casi 20 años en la etapa democrática. En 1997 gana las elecciones, pero acortó su mandato y dejó el poder en 2001 a Jorge Tuto Quiroga Ramírez, su heredero político.
El arribo de Añez
Tras el periodo de golpes de Estado militares que concluyó en 1982, Bolivia vivió un ciclo democrático ininterrumpido hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando se produjo una ruptura constitucional.
Después de la dimisión del presidente Evo Morales, luego de la sugerencia de las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre de 2019, un motín policial y violentas protestas cívicas, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, se autoproclamó presidenta del Estado ante una Asamblea Legislativa sin quorum y sin cumplir los preceptos constitucionales de la sucesión, como lo determinó una investigación y posterior sentencia judicial.
El artículo 169 de la Constitución de 2009 señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente, “será́ reemplazado en el cargo” por el vicepresidente y, a falta de este, por el presidente del Senado y, a falta de este, por el de la Cámara de Diputados. “En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.
Tal como se refirió anteriormente, con la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenaron una serie de renuncias de las personas en la línea de sucesión presidencial activadas por el secuestro de sus familiares, la quema de sus domicilios y amenazas a su vida por parte de la movilización que acabó en el golpe de Estado.
Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debió contar con un quorum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno.
El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría, en este caso el MAS.
En reunión del Senado, sin el quorum previsto en reglamento, Jeanine Añez se autoproclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente.
Luego, también sin el quorum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, se antoproclamó presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ese mismo día de noviembre, Añez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando.
Amparada en el respaldo militar, Añez movilizó tanques por la ciudad de La Paz y ordenó la represión de las protestas. Pero para ello, el alto mando militar solicitó se apruebe un Decreto Supremo que los libere de “eventuales juicios penales”. La exsenadora cumplió y junto a su gabinete aprobó la norma (DS 4078).
Con ello, se libraron operativos conjuntos por cielo y tierra en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto. El saldo fue 37 personas fallecidas por impactos de bala, cerca de un millar de heridos y más de 800 detenciones ilegales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Añez a la Presidencia.
Si bien Añez debía llamar a elecciones en un “máximo de noventa días”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estaba presidido por su delegado Salvador Romero, aplazó en al menos cuatro oportunidades la fecha de los comicios. Inicialmente estaba prevista para el 3 de mayo de 2020, pero se la reprogramó para el 17 de ese mes.
Añez y su gobierno decretaron una cuarentena total como respuesta a la pandemia del Covid-19, lo que derivó en un nuevo aplazamiento de las justas para el 6 de septiembre.
Al final se la programó para el 18 de octubre de 2020, de forma definitiva, gracias a la presión de los sectores sociales con protestas como el Cabildo del millón que se realizó el 28 de julio de 2020.
En esos comicios los candidatos del MAS-IPSP, Luis Arce y David Choquehuanca, lograron el 55,11% de respaldo electoral mayoritario, resultado que acabó con al régimen de facto y devolvió al país al cauce democrático.
Las similitudes
“No podemos diferenciar un gobierno de facto de otro, todo lo que sucedió en 1964 y 1971, se reprodujo el 2019 y el 2020 en el asalto al erario público”, afirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, durante una entrevista con Bolivia TV el 22 de agosto de este año.
Como prueba de su afirmación, Lima citó casos puntuales como la dotación de tierras que hizo Añez a uno de sus ministros, Branko Marinkovic, y el intento de desmantelar la planta de Amoniaco y Urea.
De acuerdo con datos del Ministro, “más de 31 propiedades” fueron entregados de forma irregular” entre 2019 y 2020 “en beneficio de los amigos del gobierno de Añez”.
Durante ese régimen, más de 7.000 trámites de titulación fueron paralizados; sin embargo, se priorizó la emisión de resoluciones para dar derecho de propiedad de terrenos por encima de las 5.000 hectáreas, en clara vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE).
Entre 2019 y 2020, el INRA emitió resoluciones de saneamiento para 507 predios, de los cuales 46 tienen "indicios de irregularidad" con una superficie de 272.000 hectáreas (ha). Entre esas se encuentran las tierras de Marinkovic, que fue ministro de Economía de Añez.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy González, informó, en abril de este año, que se revertirán las tierras entregadas a Marinkovic porque se vulneró la normativa.
De acuerdo con información del INRA, de las 33.480 hectáreas (ha) de tierras que recibió la familia del exministro, 26.246 serán revertidas al Estado.
A la familia del exministro le corresponde solo 7.274 hectáreas, 2.274 ha en Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Norte.
En el marco del Decreto Supremo 4494, el INRA encontró indicios de irregularidades en la titulación de 51 predios (269.209 ha) durante el gobierno de facto, dichos procesos fueron notificados al Viceministro de Tierras y demandados ante el Tribunal Agroambiental.
Además, el INRA encaró procesos administrativos y penales contra de exfuncionarios del INRA comprometidos en esos hechos.
De acuerdo con Lima este proceso irregular devela que operó una “organización criminal”, en desmedro de las comunidades que se encontraban asentadas en esos predios.
Para el ministro, esta dotación irregular de las tierras en el gobierno de facto de Añez, es solo la síntesis de cómo se actúa en gobiernos dictatoriales, porque de igual manera lo hizo el dictador Hugo Banzer, luego del golpe de Estado de 1971.
“La Comisión de la Verdad ha evidenciado que muchos de los grandes terratenientes que tenemos en el país son resultado de este afán de las dictaduras de apropiarse de los bienes públicos”, refirió.
Dijo que “hay un modelo en los gobiernos de factos de llegar y apropiarse de todo lo que pueden llevarse en desmedro” del país.
Citó también el caso de la Planta de Amoniaco y Urea “Marcelo Quiroga Santa Cruz” que fue paralizada en la gestión inconstitucional de Añez con el fin, al parecer, de “ser privatizada, capitalizada o entregada intereses particulares”.
Sin embargo, con la llegada de Arce a la presidencia en 2020, la estatal petrolera trabajó para poner al 100% de capacidad a la industria que se consolidó el jueves 18 de agosto de este año.
Resultado de esta labor, YPFB prevé que este año se generen $us 400 millones en ventas, superando con creces las registradas desde el año 2018.
Otra de las similitudes son los casos de corrupción, como en la compra de respiradores en uno de los peores momentos de la pandemia del Covid-19 y en la adquisición de material de represión antidisturbios, por este caso el exministro Arturo Murillo está encarcelado en EEUU.
JC