Tras recuperar la democracia vía movilizaciones, el pueblo boliviano, mediante las urnas, expresó su rechazo al régimen de facto y encomendó al Gobierno el retorno a la estabilidad, política, económica y social, así como el combate a la pandemia y el camino de la paz, pero con justicia. Ese mandato está siendo cumplido en el primer año de gestión del Ejecutivo con el horizonte del Bicentenario, dijo el presidente Luis Arce.
La autoridad, durante su informe del primer año de gestión, hizo un recuento de las trabas puestas por sectores opositores neoliberales vinculados al régimen de facto que quisieron terminar con el movimiento popular, atentar contra la vida de sus dirigentes y destruir al MAS-IPSP.
Sin embargo, con la fuerza del pueblo boliviano expresada en las urnas con el 55,11% de respaldo electoral, el Gobierno avanzó de manera verificable en el crecimiento económico, frenó a la pandemia, recuperó el derecho a la educación, restableció los lazos internacionales, construyó gobernabilidad y, bajo los principios de verdad, memoria y justicia, progresó en la búsqueda de justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de Jeanine Áñez
Con la mirada puesta en la celebración del Bicentenario (en 2025), el Presidente convocó al pueblo a ratificar su confianza en el Proceso de Cambio y anticipó que está dispuesto a rectificar lo que deba ser rectificado así como profundizar lo que se hizo bien. Para ello, exhortó a la unidad del pueblo boliviano.
Durante su intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual intentó ser boicoteada por sectores de oposición que decidieron no escuchar al Mandatario al usar pitos y causar escándalo, el presidente recordó las secuelas del régimen de facto y su afán de destruir al movimiento popular.
“Desde fines de 2019 y hasta fines de 2020, vivimos tiempos de incertidumbre extendida, de inestabilidad en todos los ámbitos de nuestras vidas, de espanto y sobresalto en nuestra sociedad, de mucho dolor en las familias bolivianas, de una crisis profunda producto de una ruptura del orden constitucional que devino en masacres, violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias como lo han establecido de manera clara y contundente informes de expertos independientes, decenas de fallecidos, centenares de heridos, miles de perseguidos e injustamente detenidos”, dijo.
“Quisieron terminar con el movimiento popular, con la dirigencia social, nos acusaron de salvajes, terroristas, sediciosos e intentaron quitar la sigla al Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), desplegaron varias acciones para proscribir a la primera fuerza política del Estado Plurinacional de Bolivia y así evitar su participación en las elecciones nacionales. Durante nuestra campaña, no solo nos inventaron muchos procesos judiciales, sino que intentaron varias veces atentar contra nuestras vidas, incluso el día de las elecciones nuestra casa de campaña estaba cercada por fuerzas del orden”, sostuvo.
Cuestionó que el régimen inconstitucional de 2019 intentó prorrogarse en el gobierno “de forma indefinida” para “restituir la República colonial y el modelo neoliberal para saquear nuestro Estado”.
Ante esos afanes de quedarse en el poder, se manifestó el pueblo boliviano que recuperó la democracia. “El pueblo organizado y movilizado en la defensa de la democracia, de símbolos patrios como la wiphala, de las mujeres de pollera, de la Patria digna y soberana, dijo ¡Basta!. Fue la unidad, la lucha y la conciencia, profundamente democrática del pueblo boliviano movilizado en todo nuestro país, lo que nos devolvió la institucionalidad electoral”, manifestó.
Fue el pueblo boliviano el que, con el 55,11% de respaldo expresado en las elecciones generales, convirtió a Luis Arce y David Choquehuanca, en presidente y vicepresidente, respectivamente, y les entregó el siguiente mandato popular:
“El pueblo nos dijo que no quería gobiernos inconstitucionales y nos otorgó una enorme legitimidad para gobernar, nos dijo que quería retornar a la senda de la estabilidad política, económica y social, que necesitamos certidumbre para poder trabajar y avanzar. Asimismo, nos confió la reconstrucción económica de nuestra Patria, la recuperación de la salud frente a la pandemia, la recuperación del derecho a la educación, y nos mostró el camino de la paz con JUSTICIA”, resumió Arce.
“Por mandato popular, hace un año iniciamos junto al pueblo la Reconstrucción de nuestra Patria, retomamos la construcción del Estado Plurinacional y del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, para el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos”, agregó.
La autoridad recordó que el triunfo popular en las elecciones es “para cumplir las aspiraciones de la mayoría del pueblo boliviano; sintetizadas en su búsqueda del Vivir Bien, que supone la convivencia democrática y el respeto a la voluntad nacional para derrotar el hambre y la pobreza. Estamos en el gobierno no solo para administrar el Estado, sino para transformarlo, y no traicionaremos jamás el sentimiento del pueblo que nos eligió en octubre de 2020. Cumpliremos el compromiso histórico de hacer realidad un país más justo y más igualitario”.
Memoria, verdad y justicia
En el marco de los principios de memoria, verdad y justicia para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y graves violaciones de derechos humanos, el informe presidencial explicó que se dio viabilidad, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) que verificó esos delitos perpetrados en el gobierno de facto.
“Actualmente, los procesos en contra de los autores de esos crímenes se encuentran a cargo del Ministerio Público, como establece la Constitución Política del Estado. Una acción importante fue la defensa de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, lográndose la detención preventiva y procesamiento de ex jefes y autoridades militares y policiales (8) y actualmente se emplaza las actividades correspondientes para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”, indica el informe.
Además, se presentaron cuatro proposiciones acusatorias contra Jeanine Añez, las cuales se encuentran con requerimiento acusatorio por parte del Fiscal General del Estado y en espera a su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adicionalmente, tres procesos en la vía ordinaria están en curso. “No existe posibilidad alguna que la impunidad burle a la justicia. El mandato de Memoria, Verdad y Justicia es una razón de Estado para todas las víctimas del gobierno de facto”, menciona el informe presidencial.
Reforma judicial
Por otra parte, en lo que se refiere a la reforma judicial, el informe menciona que “el proceso de reforma judicial se ha socializado desde septiembre a octubre en las 10 ciudades capitales de Bolivia con todos los representantes, autoridades y dirigentes de nuestras organizaciones sociales, colegios de abogados, facultades de Derecho, Órgano Judicial y Ministerio Público. Será una reforma de abajo hacia arriba con la participación del pueblo para que la justicia esté al servicio del pueblo”.
Los resultados serán presentados y discutidos con las organizaciones sociales, Asamblea Legislativa Plurinacional y demás actores relacionados en una Cumbre Nacional de Justicia a desarrollarse en 2022.
Además, se avanzó en la modernización y automatización de los procesos administrativos para prescindir de los papeles y avanzar hacia digitalización de la justicia a través de la aplicación intensiva de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) coordinando el trabajo de la AGETIC, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.
En cuanto se refiere a la lucha contra la violencia a las mujeres, el informe presidencial indica que “se conformó la ‘Comisión de Seguimiento a casos de Feminicidios’ y se realizó el apersonamiento y apoyo legal en el 83,6% de los casos de feminicidios registrados a nivel nacional para generar una fuerte presencia del Estado que lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez”.
Mediante un proceso de recolección de más de 1.000 propuestas, se constituyó la base del informe sobre la situación de la violencia hacia las mujeres en Bolivia, insumo que servirá para la modificación y ajustes necesarios de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”.
Respecto a la lucha contra la corrupción, el informe presidencial enfatiza que se aprobó la reforma a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción, que busca combatir la retardación de justicia y el prevaricato de Jueces y Fiscales. Se incorpora la Justicia Restaurativa y herramientas eficaces para lograr resultados inmediatos en el combate a la corrupción.
“Además, la Comisión de la Ley N° 898, ha garantizado procesos meritocráticos y transparentes de selección de Vocales y Jueces. La Independencia Judicial como garantía de los ciudadanos y no privilegio de los jueces, se fundamenta en la política de cero tolerancia a la corrupción y la inmoralidad. En esta política es inadmisible que ninguna autoridad de la Justicia permanezca en su cargo si no está dispuesta a respetar la Constitución y la ley”, indica el informe de gestión.
El documento menciona también las acciones en favor de las personas privadas de libertad. “El número de casos de defensa penal pública gratuita se incrementó y las visitas a los recintos penitenciarios ya no se encuentran restringidas. Desde noviembre de 2020 se atendieron 8.235 casos, equivalentes a un promedio mensual de 686 casos. Se ha generado un alto impacto en los sectores vulnerables que acceden al servicio de defensa penal pública”, indica el informe que añade: “La Amnistía e Indulto otorgados por razones humanitarias benefició a 994 privados de libertad, ninguno por razones políticas”.
Relaciones internacionales
En el campo de las relaciones internacionales, el régimen de Áñez aisló a Bolivia del mundo, se alineó con EEUU y optó por la descalificación y la agresión verbal como política, deteriorando la relación con varios países como México, Argentina, España, Cuba, Rusia y China, entre otros.
También “desmanteló el servicio exterior que trabajosamente se había construido por más de una década, despidió, prácticamente de un día a otro, a casi el 90% del personal de Cancillería, lo que definió a la postre su absoluta ineficiencia”.
Tras la victoria electoral de Arce, se realizó un histórico Gabinete Binacional con Perú, se asumieron 71 compromisos concretos destacando los referidos al Puerto de Ilo como alternativa para el comercio exterior boliviano y la Integración Energética con la posibilidad de venta de volúmenes de GLP.
Con México, se elaboró una hoja de ruta en temas de cooperación, comercio, migración y otros. Se logró la Supresión de Visas en pasaportes ordinarios y la firma de un acuerdo de cooperación sobre el tema de Litio.
Con Argentina se concluye la negociación de un Acuerdo de Hermandad de amplio alcance que enmarcará todas las dimensiones de una nueva relación bilateral basada en la complementariedad. Con Chile se estableció la hoja de ruta 2021 para abordar los temas bilaterales con especial énfasis en el relacionamiento económico comercial y consular.
De manera paralela, se trabajaron 30 acuerdos bilaterales con diferentes países sobre temas sociales, cooperación e infraestructura, entre otros, el acuerdo sobre Adopción Internacional con Francia, indica el informe.
En el ámbito multilateral, Bolivia tuvo presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde informó sobre la recuperación de la democracia, la lucha contra la pandemia y la importancia de distribuir vacunas en el mundo de forma equitativa.
El país también tuvo una activa participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), estableciendo la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). En las Naciones Unidas, fue elegido como miembro del Consejo Económico y Social – ECOSOC (2021 – 2023), Consejo de Derechos Humanos (2021 – 2023), y Comisión de Estupefacientes (2022 – 2024).
El informe destaca “la elección por unanimidad en la presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Secretaría General de la Cuenca del Plata”.
En la Cumbre Iberoamericana de Andorra, lideró el tratamiento de temas como lenguas indígenas, agua y saneamiento, alivio a la deuda y cambio climático.
Bolivia reactivó su política consular para brindar asistencia y protección a todas y todos los connacionales en el mundo lo que permitió que se atiendan a 273.437 bolivianos en las oficinas consulares de Bolivia alrededor del mundo. Además, se repatriaron a 179 connacionales en diferentes situaciones y se brindó asistencia consular a 1.975 bolivianos y bolivianas, indica el informe.
En ese contexto, el presidente Arce destacó que “este 8 de noviembre (el día en que dio su informe de gestión) podemos decir que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el pueblo: generar estabilidad, volver a la senda del crecimiento económico con justicia social, avanzar en la industrialización con sustitución de importaciones, luchar contra la pandemia con soluciones estructurales y coordinadas que no paralicen nuestra economía, como las vacunas para toda la población, mejorar la calidad educativa de nuestra niñez, adolescencia y juventud, así como no claudicar en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Todo lo mencionado ya está encarrilado rumbo al país que queremos construir para celebrar nuestro Bicentenario”.
“Nuestro horizonte político es llegar a la celebración del Bicentenario con una Patria de la que todas y todos nos sintamos orgullosos”, agregó el presidente.