Penélope Moro, hermana del extinto periodista argentino Sebastián Moro, quien falleció en noviembre de 2019 tras recibir una brutal golpiza por parte de grupos paramilitares en La Paz, responsabilizó al exlíder cívico y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de ser el autor intelectual de ese deceso ocurrido durante el Golpe de Estado que fue instaurado en Bolivia el 2019.

Sebastián colaboraba con el diario Página/12 desde Bolivia y trabajaba para la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que el 9 de noviembre de 2019 -un día antes de la renuncia obligada del expresidente Evo Morales- resultó atacada por grupos de choque opositores al Gobierno, situación en que el periodista argentino fue herido con duros golpes.

Esa misma jornada, el director de ese medio de prensa, José Aramayo, también fue golpeado, torturado y atado a un árbol, en un intento de linchamiento en el que casi pierde la vida.

“No sabemos si en algún momento encontrarán a los autores materiales que tienen que ver con la muerte de Sebastián, pero si a los autores intelectuales que impulsaron el golpe de Estado y hacemos responsable -por su puesto y me da hasta repulsión nombrarlo- es al señor (Luis Fernando) Camacho, quien financió los motines y los grupos parapoliciales que actuaron en esas horas oscuras e impusieron el terror en Bolivia”, dijo a la ABI.

A finales de 2019, ya en el régimen del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en un video que se difundió por redes sociales, el exlíder cívico reveló que su padre cerró un acuerdo con militares y policías para que no salieran a reprimir a las movilizaciones contra Morales.

“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, afirmó Camacho a un grupo de personas en ese video.

En ese entonces, también reveló que el exministro de Defensa y ahora prófugo de la justicia boliviana, Luis Fernando López, fue el nexo con los militares para que traicionaran al Gobierno del Morales.

Paralelamente grupos irregulares liderados por la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, aliados de Camacho, ejecutaban una persecución violenta a dirigentes de organizaciones sociales y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz.

Penélope Moro, quien lamentó el poco avance de la justicia en las investigaciones sobre la muerte de su hermano, dijo que también existen otros actores que son responsables de esa irreparable pérdida para su familia, como son el expresidente Jorge Tuto Quiroga y la exsenadora de oposición Jeanine Áñez, esta última recluida en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz, acusada por terrorismo y sedición.

“También recae responsabilidad a Quiroga y Áñez. Haya responsabilidades que tienen que ver con Argentina”, sostuvo.

A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio.

El GIEI Bolivia visitó las localidades de Betanzos, Cochabamba, Challapata, Chapare, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Vila Vila y Yapacaní.

“Asimismo, el GIEI Bolivia se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia”, indica el informe del equipo internacional.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) fue creado mediante el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia, el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.

El informe de este equipo internacional da a conocer que el 18 de diciembre de 2019, en Cochabamba, ocurrieron hechos que afectaron el ejercicio del periodismo. La Resistencia Juvenil Cochala, un grupo irregular afín al régimen de Jeanine Áñez, agredió a trabajadores de la prensa.

“En estos incidentes también se registraron agresiones contra al menos tres periodistas por parte de la RJC. En particular, se destacó el caso de un fotoperiodista que fue abordado por un hombre que se encontraba con el grupo de la resistencia para impedirle filmar lo que estaba sucediendo, exigiéndole presentar su credencial y amedrentándole con la exhibición de un arma. El periodista se retiró, pero el hecho fue denunciado por la Federación de la Prensa de Cochabamba. Una periodista de Los Tiempos fue amedrentada mientras hacía una transmisión en vivo, le exigían que no mostrara las caras de los manifestantes y le lanzaron un huevo; un fotógrafo de La Opinión fue amenazado por integrantes de la RJC”, se lee.

El informe incluye el caso de un periodista, que además es abogado y encargado departamental de comunicaciones del Movimiento Al Socialismo, quien fue detenido alrededor de las 18.30, cuando se dirigía hacia el Puente Huayllani desde Cochabamba el 15 de noviembre de 2019, día de la masacre en Sacaba.

“En su testimonio al GIEI relató que, cuando supo las noticias, intentó llegar a Sacaba, pero era imposible pasar. Estaba retornando a Cochabamba y fue detenido por la policía.Él señaló que lo separaron de otros detenidos y lo entregaron al DACI. Lo subieron a un vehículo y como a las 10 de la noche partieron de Huayllani en caravana. ‘En el trayecto del vehículo hacia la FELCC fui agredido brutalmente con sus armas de fuego, como también golpes de puño’, refirió. Un policía le señaló: ‘tenemos la instrucción de eliminarte’. En el trayecto el policía hubiera recibido otra llamada y lo llevaron a la FELCC”, indica el equipo de expertos independientes.