La Paz, 17 de agosto de 2026 (ABI). – La Fundación Jubileo consideró este lunes que el ajuste en el precio de los carburantes, específicamente del diésel para Grandes Consumidores (GRACOS), era necesario tras 20 años de “irresponsabilidad” de quienes gobernaron en el pasado.
La institución recordó que, desde 2005 hasta 2025, Bolivia vivió una “fantasía de precios subvencionados”, aunque con un intento de “despertar” en diciembre de 2010 que fue rechazado, lo que también significó “sumir al país en una crisis energética previsible que llegaría trece años después”.
“Si bien Bolivia ha vivido una fantasía de precios fijos y subvencionados por 20 años debido a la irresponsabilidad de quienes gobernaron en ese periodo y se negaron a realizar ajustes graduales oportunamente, Fundación Jubileo considera que el sinceramiento de precios de la gasolina, diésel –y también a futuro del gas natural– es necesario”, señala la Fundación Jubileo.
Junto con la medida dispuesta por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N° 5676, la fundación instó a que esta deba estar acompañada “imprescindible y simultáneamente” por políticas sociales focalizadas en la población más vulnerable, cuya economía se verá afectada por el ajuste en el sistema de precios de toda la economía.
Por otro lado, la fundación señaló que los Grandes Consumidores (GRACOS) de diésel ya venían pagando precios superiores en el mercado negro y que ahora podrán pagar un precio real en el mercado nacional.
Asimismo, destacó que el decreto establece un precio referenciado al precio internacional, lo que genera un incentivo a la inversión privada para la importación y comercialización de combustibles.
El Decreto Supremo N° 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel paguen Bs 18 por litro, mantiene el precio de Bs 9,80 para todos los demás consumidores, transportistas y particulares.
Además, consideró que el ajuste de precios de los hidrocarburos tendrá un impacto en los bienes y servicios que se transan en toda la economía. Por ello, dijo que es de suma importancia la articulación de políticas tributarias, fiscales y sociales entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, además de las gobernaciones y municipios, a fin de aminorar los efectos en la economía de la población.
//AGC/AC