La Paz, 26 de agosto de 2026 (ABI).- El concejal Fernando Ruiz Saldias advirtió que el contrato modificatorio que la Alcaldía de La Paz suscriba con la empresa La Paz Limpia (LPL) deberá ser remitido al Concejo Municipal para su tratamiento y fiscalización, y cuestionó que hayan transcurrido 15 días de paralización del servicio de recojo de basura antes de alcanzar un acuerdo para solucionar la crisis.
El acuerdo alcanzado el martes establece la restitución del servicio, la suscripción de un contrato modificatorio para aplicar el ajuste de precios previsto por el Decreto Supremo 5660 y la implementación de un proyecto piloto de optimización del servicio. Según lo anunciado por las partes, los documentos contractuales serán formalizados el 28 de agosto.
Ruiz sostuvo que, por el monto y las características de la modificación contractual, corresponde que el documento sea conocido por el Concejo Municipal.
“El alcalde tiene la obligación de remitir el nuevo contrato al Concejo Municipal para su tratamiento y fiscalización. No puede quedar únicamente entre el Ejecutivo y la empresa”, afirmó.
El concejal señaló que el Legislativo edil debe conocer los informes que sustenten el reajuste, el monto total que implicará para las arcas municipales, las obligaciones que asumirá LPL y los mecanismos previstos para garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Según Ruiz, la Alcaldía cuenta con la Ley Municipal Autonómica N.º 280 y su reglamento, que regulan los contratos y convenios municipales y establecen que los contratos superiores a Bs 1 millón deben ser refrendados por los legisladores paceños.
El legislador también cuestionó que el acuerdo haya llegado después de 15 días de paralización y acumulación de residuos en distintos puntos de la ciudad.
“Si finalmente la solución era sentarse a negociar un reajuste y establecer mecanismos de optimización, la pregunta es: ¿por qué no se hizo desde el primer día?”, cuestionó.
Ruiz sostuvo que la demora tuvo un costo para la población y que la administración municipal debió anticiparse al conflicto, más aún cuando desde agosto ya se desarrollaban reuniones técnicas para definir el ajuste y cuando el propio municipio había planteado la aplicación del Decreto Supremo 5660.
“La ciudadanía no tenía por qué pagar con 15 días de basura en las calles una negociación que pudo resolverse oportunamente. Lo que corresponde ahora es que el nuevo contrato sea presentado al Concejo y que podamos revisar cuánto se va a pagar, qué se va a recibir a cambio y cuáles son las obligaciones de la empresa”, afirmó.
Ruiz agregó que el Concejo no debe limitarse a conocer el acuerdo después de su firma, sino que debe revisar toda la documentación técnica, financiera y legal que sustente la modificación contractual y determinar si corresponde su refrendo conforme a la normativa municipal.
“El alcalde no puede pretender que después de 15 días de crisis simplemente nos diga que hay un acuerdo y que el Concejo debe aprobarlo sin conocer los antecedentes. Nuestra obligación es fiscalizar y defender los intereses de los paceños”, enfatizó.
El concejal también pidió establecer cuánto le costó al municipio el operativo de emergencia desplegado durante la crisis, incluidos combustible, maquinaria, volquetas y personal. Recordó que una minuta de comunicación impulsada por su bancada ya planteó que la Alcaldía cuantifique estos gastos y presente informes técnicos, financieros y legales.
“Hay que saber cuánto le costaron estos 15 días a la ciudad. No solamente cuánto costará el nuevo contrato, sino cuánto dinero público se tuvo que destinar para intentar resolver una crisis que pudo evitarse con una negociación oportuna”, señaló Ruiz.
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