Sucre, 4 de agosto de 2026 (ABI). – Las mesas técnicas instaladas entre los equipos del Gobierno y las gobernaciones, en la ciudad de Sucre, avanzaron este martes en una ruta con cuatro puntos: la revisión de las condicionalidades del gasto, el diseño de normas para la distribución de ingresos, mecanismos de alivio de deudas y el desmontaje de la arquitectura legal y normativa centralista, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
El documento conclusivo será presentado este miércoles en la reunión entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y los nueve gobernadores.
“Aquí ya hay una ruta crítica de trabajo con cuatro puntos fundamentales”, enfatizó el ministro.
Explicó que el primero tiene que ver con las condicionalidades del gasto establecidas durante el anterior gobierno, que obligaban a las gobernaciones a asumir gastos con sus propios recursos, sin darles la posibilidad de decidir sobre esos fondos, vulnerando así las autonomías.
La autoridad indicó que una de esas medidas era el pago del prediario y el bono de vacunación, obligaciones que ahora serán asumidas por el Gobierno. Remarcó que existe acuerdo y consenso en que estas disposiciones no pueden continuar y deben ser eliminadas de manera paulatina.
“Esto, evidentemente, es un acto violatorio de la autonomía. El Gobierno central está de acuerdo con eso y estamos avanzando con distintas propuestas de ley; vamos a tener que consensuarlas y armonizarlas”, indicó.
Según Espinoza, el segundo elemento tiene que ver con los criterios de distribución de los ingresos actuales y futuros. Mencionó que el principal criterio vigente es la población; sin embargo, señaló que debe existir un contrabalance y tomarse en cuenta otros aspectos, como la eficiencia, la justicia distributiva y el esfuerzo fiscal.
La autoridad señaló que un tercer elemento está relacionado con mecanismos de alivio de deuda. Detalló que se trata de las obligaciones heredadas por los gobiernos subnacionales como consecuencia de las malas gestiones pasadas, situación que también afectó al nivel central y que generó problemas de liquidez, debido a que el servicio de la deuda absorbe gran parte de sus ingresos.
“Aquí hay una necesidad de un programa que les permita reordenar esas deudas para que no se consuman los ingresos y la liquidez que tienen hoy las gobernaciones y las alcaldías. Aquí el Gobierno central también ha dado una señal con la Ley del Presupuesto, donde se ha incluido el programa de readecuación financiera. Este programa permitirá que todas las gobernaciones que quieran adherirse al mismo, de manera voluntaria, puedan reprogramar deudas con entidades financieras y con entidades del Estado central, para así tener un alivio en su liquidez”, explicó.
Espinoza señaló que, en el último punto, hubo coincidencia entre los equipos del Gobierno y las gobernaciones sobre la necesidad de revisar y desmontar la arquitectura legal y normativa centralista, que ha encajonado las autonomías, restringido las libertades presupuestarias, limitado las capacidades de los gobiernos subnacionales y reducido sus posibilidades de generar ingresos.
“Esto se tiene que revisar, reordenar. En algunos casos habrá que abrogar leyes; en otros, habrá que modificarlas; lo propio con los decretos y con las leyes departamentales. Y esto nos lleva al hecho de que el 50/50 no es un asunto que se resuelva con una sola norma ni con una decisión política de la noche a la mañana. Este es un proceso con el cual el Gobierno central está absolutamente comprometido”, enfatizó.
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