La Paz, 31 de marzo de 2026 (ABI). – Autoridades del Gobierno revelan que una red de robo y sabotaje de gasolina y diésel, identificada tras una investigación que inició en octubre pasado y tiene los primeros resultados este mes, ocasionó problemas al parque automotor del país.
En conferencia de prensa, en presencia del presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el Gobierno encabeza una “investigación profunda” sobre el daño que ocasionó el combustible desestabilizado en los vehículos.
«Estamos comenzando las pesquisas y ya tenemos los primeros resultados», afirmó la autoridad.
Exhibiendo videos y fotografías, Oviedo reveló el modo operandi de esa red delictiva y afirmó que ésta tiene su origen en la administración anterior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Ha perjudicado de manera muy grande a nuestro país. La red de robo y sabotaje de gasolina y diésel tiene dos referentes iniciales en la relación del hecho: uno, la ciudad de Arica; y dos, la ciudad de Iquique”, reveló.
Acotó que la investigación identificó que camiones cisternas que salen de la planta de Sica Sica de Arica, con destino a territorio boliviano, se dirigen a garajes particulares para efectuar el trasvase del producto a camiones.
Las cisternas salen de la planta de Sica Sica cargadas de 33.000 a 35.000 litros de diésel y gasolina. De esos volúmenes la red criminal extrae entre 1.000 y 700 litros que luego son “repuestos” con agua mezclada con aceite usado.
“Recurren a una acequia donde hay agua, que no es limpia por supuesto, y mezclan el agua con aceite usado. Si han sacado 1.000 litros (de combustible), se cargan 1.000 litros de esta agua, la mezclan con aceite usado para darle color y la vuelven a introducir a la cisterna”, dijo.
En ese contexto, la autoridad gubernamental afirmó que ese producto, es decir la gasolina mezclada con agua y aceite usado, fue lo que ocasionó en su momento daños al parque automotor boliviano.
Asimismo, se identificó surtidores clandestinos que vendían gasolina y diésel robados a Bolivia, además de sitios de almacenaje de estos carburantes también clandestinos en la ciudad de Iquique, agregó.
La investigación se efectivizó de octubre de 2025 a marzo de 2026. En ese periodo unas 5.000 cisternas provinieron de Chile y se cuantifica aproximadamente 150 millones de litros de combustible dañado.
“Son 150 millones de dólares aproximadamente (…). Es una operación financiera delictiva, gigantesca, la que se ha venido realizando amparado en orígenes de la anterior administración de YPFB”, añadió.
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