La Paz, 22 de octubre de 2026 (ABI).– El Gobierno de Estados Unidos difundió este jueves una nueva lista de 15 ciudadanos bolivianos a quienes se les impuso restricciones de visa por presuntos vínculos con actos de corrupción o narcotráfico.
Según la lista difundida por el Departamento de Estado, las medidas forman parte de la campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región, en continuidad con los compromisos asumidos por los países socios en la Cumbre de Doral, en marzo, y en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, del 22 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado, las restricciones de visa se aplican a 15 ciudadanos bolivianos y a sus familiares directos.
Entre las personas mencionadas en la lista se encuentran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general del Estado Juan Lanchipa Ponce; el exfiscal departamental del Beni Félix Gerardo Bladeras Arteaga; y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde.
También figuran el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza Zeballos; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti; y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Ronald Velasco Soliz.
La lista incluye, además, al comandante departamental de Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN, Freddy Bismarck Pereira Molina; al exdirector departamental de Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Oscar Mauricio Ortiz Cuéllar; y a la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón Valle.
Completan la nómina el exjuez del Tribunal Penal José Ayaviri Siles; el exfiscal coordinador de La Paz Armando Rojas Toledo; el ciudadano Rony Suárez Milliet; y el juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Julio Nelson Aalba Flores.
El Departamento de Estado señaló que esta política está dirigida a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio, independientemente de su afiliación política.
“La Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia en su labor para eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, señala el comunicado.
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