La Paz, 11 de junio de 2026 (ABI). – La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica convocaron “de manera urgente” a representantes provinciales y municipales a “un pacto social por la paz y la reconciliación”.
La decisión se da para evitar un espiral de violencia, que tendría como consecuencia más sufrimiento, profundizaría las divisiones y dejaría heridas difíciles de sanar y reencauzar.
“Tenemos la esperanza de encontrar alternativas para frenar la alta tensión y la conflictividad que afectan a Bolivia, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del Departamento de La Paz”, se lee en la convocatoria hecha pública mediante las redes sociales.
Añade: “Esperamos que los temas consensuados sirvan de base para restablecer puentes entre los actores en conflicto”.
Ambas entidades exhortaron, también, a deponer actitudes que eviten solucionar el conflicto y a participar del encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad.
“No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad más justa y armoniosa”, afirman.
Al pie de la convocatoria realizada el miércoles, 10 de junio, firma el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, y el obispo de El Alto y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovanni Arana.
Este jueves se cumplen 42 días de bloqueos por sectores radicales en las rutas principales de acceso y salida a La Paz. Esta medida se replica en otros departamentos del país como Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, pese a la insistencia del Gobierno nacional para sostener reuniones y responder a las demandas sociales.
A consecuencia de ello, se genera el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos de primera necesidad; hay pérdidas económicas millonarias en el sector productivo y empresarial que encarecen día que pasa; y, según reportes oficiales, al menos 14 personas fallecidas por no poder recibir atención oportuna debido a los bloqueos.
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