La Paz, 14 de abril de 2026 (ABI). – Un informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), de la Defensoría del Pueblo, evidenció la persistencia de graves vulneraciones a los derechos a la alimentación y a la salud de personas en situación de vulnerabilidad que habitan en centros de acogimiento dependientes de la Gobernación de La Paz.
El documento, titulado “Población en situación de vulnerabilidad en centros de acogimiento del departamento de La Paz (octubre de 2025)”, fue elaborado tras las inspecciones realizadas en marzo en centros administrados por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), entre ellos el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) y el Centro Niño Jesús.
Entre los principales hallazgos, el informe describe una “realidad de supervivencia” alarmante, en la que la alimentación de las personas acogidas depende en gran medida de donaciones externas e incluso del aporte económico del propio personal, que cubre de su bolsillo la falta de alimentos para evitar que los internos queden sin comer.
Asimismo, se identificó una ausencia crítica de insumos alimentarios básicos, como carne y legumbres, lo que afecta directamente la calidad nutricional de las dietas, especialmente en personas con necesidades médicas específicas.
En el ámbito de la salud, el informe defensorial evidenció el uso de soluciones médicas improvisadas, como botellas plásticas en pacientes con colostomía, debido a la falta de insumos adecuados.
A ello se suma que varios generadores de oxígeno se encuentran fuera de funcionamiento y que no existe cobertura médica durante la noche, lo que representa un riesgo inminente para personas con enfermedades crónicas o discapacidades severas.
El reporte también advierte que la mayoría de los compromisos asumidos por la Gobernación de La Paz, tras las primeras observaciones, no fueron cumplidos, lo que mantiene a la población acogida en una situación de riesgo permanente y de vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de garantizar condiciones dignas de alimentación, atención en salud y cuidado integral para las personas que se encuentran bajo tutela del Estado, particularmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
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