La Paz, 2 de octubre de 2026 (ABI). – La Defensoría del Pueblo, mediante sus delegaciones departamentales y en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos de la población, constató que la atención en las fiscalías departamentales del país se desarrolla con normalidad.
De acuerdo con el reporte de la entidad, durante las verificaciones se evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo desempeñando sus funciones a nivel nacional.
Asimismo, verificó la recepción de trámites y la atención continua de causas, resguardando el debido proceso y garantizando el acceso ininterrumpido a la justicia.
Esta entidad realizó este recorrido luego de que el exfiscal general del Estado Roger Mariaca fue aprehendido por estar presuntamente implicado en delitos vinculados a una organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, según denunció el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Entre otros aprehendidos, están el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballo, y el fiscal superior, Martín Irusta. También hay seis funcionarios públicos de la Fiscalía de Santa Cruz que pretendían sacar información de la casa de Mariaca y otros cuatro que estarían tratando de sacar fajos de dinero en una ambulancia del domicilio de la exautoridad.
A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo señaló que la autonomía institucional no solo constituye una garantía para el órgano encargado de la acción penal pública, sino también para la sociedad y para toda persona sometida a una investigación.
En este marco, indicó que considera fundamental preservar la continuidad y regularidad en el funcionamiento del Ministerio Público, a fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos.
Ante la situación que atraviesa esta institución, exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan en el marco del ordenamiento jurídico vigente, con transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.
Además, pidió a las autoridades públicas a actuar con responsabilidad institucional y mesura, evitando cualquier acción que interfiera en el funcionamiento del Ministerio Público o genere incertidumbre en la ciudadanía.
De igual forma, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.
La Defensoría del Pueblo indicó que realizará el seguimiento correspondiente, dentro del ámbito de sus competencias, para velar por la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado Constitucional de Derecho.
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