La iniciativa plantea garantizar la continuidad del servicio de aseo urbano, restablecer el diálogo con las empresas y los trabajadores.La iniciativa plantea garantizar la continuidad del servicio de aseo urbano, restablecer el diálogo con las empresas y los trabajadores.

La Paz, 20 de agosto de 2026 (ABI).– El concejal Fernando Ruiz Saldias cuestionó este jueves la convocatoria del alcalde César Dockweiler a la Asamblea de la Paceñidad para abordar la crisis generada por la acumulación de basura y consideró que el Ejecutivo municipal debe asumir su responsabilidad en la búsqueda de una solución al conflicto con las empresas concesionarias del servicio de aseo.

“Estaría utilizando de forma instrumental la Asamblea de la Paceñidad para generar una apariencia de consenso ciudadano y de ‘unidad paceña’ ante una crisis de gestión que le es atribuible”, afirmó el concejal, quien observó que la convocatoria fue realizada con apenas un día de anticipación.

Según Ruiz Saldias, el Ejecutivo municipal pretende trasladar parte de la responsabilidad de la emergencia a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, mientras reduce el papel institucional del Concejo Municipal.

En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo intenta “gobernar con la Asamblea” en lugar de recurrir a los mecanismos institucionales previstos en el régimen municipal, situación que, a su criterio, afecta la facultad de fiscalización del Concejo.

Concejo exige una salida contractual

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una minuta de comunicación impulsada por Ruiz Saldias, mediante la cual recomienda al Ejecutivo adoptar medidas urgentes, sustentadas en informes técnicos, financieros y legales, para resolver el conflicto con La Paz Limpia (LPL) y Tratamiento de Residuos de Bolivia (Trebol).

La iniciativa plantea garantizar la continuidad del servicio de aseo urbano, restablecer el diálogo con las empresas y los trabajadores y evitar un mayor impacto sobre el patrimonio municipal.

Ruiz Saldias señaló que la solución debe enmarcarse en el contrato de concesión vigente. “La sección G de las modificaciones del contrato establece claramente que ante variaciones en las condiciones macroeconómicas que alteren los costos de operación, corresponde un reajuste”, explicó.

Entre las recomendaciones figura la elaboración inmediata de informes técnico, financiero y legal para determinar si corresponde modificar los contratos debido al incremento de los costos operativos.

Si los estudios establecen que el ajuste es procedente, la minuta plantea avanzar en la suscripción de un contrato modificatorio único. En caso contrario, recomienda evaluar una eventual resolución contractual por caso fortuito, dentro del marco legal vigente.

Además, el Concejo pidió cuantificar el costo del operativo de contingencia desplegado por el municipio desde junio de 2026, incluyendo personal, volquetas, maquinaria, combustible y otros recursos públicos, con el objetivo de identificar posibles sobrecostos o duplicidad de gastos.

La minuta establece también que el uso de maquinaria municipal para el recojo de residuos no debe afectar otros servicios esenciales ni la atención de emergencias.

Respecto a la disposición final de los residuos, se determinó que esta debe efectuarse únicamente en sitios autorizados y bajo supervisión de la autoridad competente, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El Concejo solicitó, además, mantener abierto el diálogo técnico y jurídico con las empresas concesionarias y los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo que permita restablecer de manera ininterrumpida el servicio de aseo urbano.

El Ejecutivo municipal deberá informar periódicamente al Concejo sobre el avance de las negociaciones, los resultados de los informes técnicos, la situación de los contratos y el cronograma de acciones para la restitución completa del servicio.

Empresas atribuyen el conflicto al aumento de costos

La Paz Limpia y Trebol redujeron sus operaciones en los últimos días debido, según ambas empresas, al incremento del salario mínimo nacional y del costo de los combustibles, factores que habrían modificado las condiciones económicas bajo las cuales prestan el servicio.

“El incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos, sumado al alza de los combustibles, es una realidad macroeconómica que cambia por completo los costos de operación”, señaló La Paz Limpia en un comunicado.

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