La Paz, 25 de mayo de 2026 (ABI).- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y 11 organizaciones que representan al periodismo boliviano hicieron un llamado urgente a la instalación de un “diálogo honesto, creíble y claro” para resolver la crisis política que se prolonga por tres semanas.
“Mientras las rutas de acceso vial a las ciudades de La Paz y El Alto permanecen bloqueadas por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y generan desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, el periodismo emitió un ‘Manifiesto por la democracia y los derechos de todos’”, señala una nota institucional.
De acuerdo con ese reporte, el documento reivindica la democracia como el camino aceptado por la mayoría para organizar y conducir la vida política del país.
Las organizaciones de prensa consideran indispensable que todos los actores implicados en la actual conflictividad depongan posiciones de intransigencia y generen de inmediato condiciones y espacios para un diálogo honesto, creíble y claro, acudiendo, en lo posible, a la intervención de una mediación válida.
Manifiesto por la democracia
Las organizaciones representativas del periodismo boliviano, profundamente preocupadas por el agravamiento de la situación de crisis que atraviesa el país y ante la necesidad de evitar el riesgo de hechos de violencia que puedan traer consecuencias imprevisibles, manifestaron lo siguiente:
Hace 43 años Bolivia asumió la democracia como el camino aceptado por la mayoría para organizar y conducir su vida política, voluntad que el país ha ratificado en cada momento de conflicto registrado en ese periodo.
El régimen democrático, que se rige por los preceptos de la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, se basa en un sistema de derechos y libertades que el Estado y la sociedad deben preservar por encima de cualquier interés circunstancial.
La democracia, como lo establece la Constitución, asegura los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, los servicios básicos, la libertad de expresión, la información, el trabajo, la educación y la libre locomoción de todas las personas.
“Lamentablemente, los hechos que vienen suscitándose desde hace más de tres semanas, en particular en la zona occidental del territorio nacional, y que han adquirido un explícito cariz político, están llevando a una recurrente vulneración de los derechos mencionados, con severos perjuicios para el desenvolvimiento habitual de las personas, familias, instituciones y empresas”, señala el documento.
Asimismo, se remarca que el ejercicio de la ciudadanía implica el derecho a la participación en la formación, desempeño y fiscalización del gobierno, pero dentro de los canales y procedimientos institucionalmente establecidos, incluido el recurso de revocatoria de mandato.
En ese sentido, las organizaciones del periodismo boliviano consideraron urgente e indispensable que:
- Todos los actores implicados en la actual conflictividad depongan posiciones de intransigencia y generen de inmediato condiciones y espacios para un diálogo honesto, creíble y claro, acudiendo, en lo posible, a la intervención de una mediación válida.
- Las autoridades gubernamentales de los niveles departamentales y municipales desplieguen esfuerzos conjuntos para contribuir a desescalar el conflicto y viabilizar las conversaciones necesarias para encontrar soluciones adecuadas.
- Las organizaciones de la sociedad civil establezcan una plataforma para la pacificación nacional, capaz de sustentar el reencuentro social orientado a preservar los derechos y libertades de todos.
- El periodismo reciba garantías suficientes de las partes en conflicto para continuar desarrollando su labor profesional de informar a la población de manera plural, sin coacción alguna.
La desinstitucionalización de la democracia, que se avizora como posible resultado de los acontecimientos actuales, debe ser evitada con el concurso de todos.
Ninguna visión cortoplacista debe suplantar el alcance del proyecto de país libre y diverso que Bolivia ha buscado construir desde el restablecimiento del régimen constitucional en octubre de 1982.
El Estado y la sociedad, como señala la Carta Fundamental, tienen el deber de mantener la unidad nacional y de respetar y promover los derechos y las libertades de todos.