La Paz, 3 de junio de 2026 (ABI).- La lucha contra la trata de personas demanda fortalecer las acciones de prevención y protección con enfoques de género, de niñez y de derechos humanos, debido al impacto que este delito tiene sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, afirmó la jefa de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), Nelly Balda.
La alerta fue planteada durante el lanzamiento del diplomado virtual Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de identificación, atención y protección de las víctimas de este delito.
Según Balda, comprender la trata desde una perspectiva integral permite reconocer de manera más efectiva las situaciones de riesgo y brindar respuestas adecuadas a las personas afectadas.
“La trata de personas constituye una grave vulneración de derechos humanos. El enfoque en derechos humanos, género y niñez permite comprender mejor la dinámica de este delito, identificar situaciones de riesgo y brindar una atención adecuada a las víctimas mediante acciones de prevención y protección”, afirmó, de acuerdo con información difundida por la entidad.
Balda explicó que este delito implica la captación, traslado o retención de personas mediante engaño, coerción u otras formas de sometimiento con fines de explotación. Entre las vulneraciones más frecuentes se encuentran la explotación sexual, laboral, los trabajos forzados, la esclavitud y la servidumbre.
Remarcó que, a diferencia del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas no depende de la voluntad de la víctima, sino que se sustenta en mecanismos de control y explotación que afectan gravemente la dignidad y la libertad de quienes la padecen.
Frente a esta problemática, señaló la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, detección temprana y asistencia integral, además de consolidar mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, organizaciones especializadas y redes de protección.
El diplomado es impulsado por la EGPP en coordinación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más vulnera los derechos de poblaciones en situación de riesgo.
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