Cochabamba, 10 de noviembre de 2026 (ABI). – La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) denunció bloqueos, amenazas, daños a vehículos y restricciones a la libre contratación de servicios de transporte de carga en el Parque Industrial Santiváñez.
En conferencia de prensa, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que estas acciones son atribuidas a dos sindicatos de transporte pesado que pretenden imponer tarifas de flete y excluir a operadores independientes.
Demeure, acompañado por representantes de los sectores minero y de la construcción, advirtió que los hechos denunciados trascienden un conflicto sindical, debido a sus implicaciones legales y sus consecuencias sobre las actividades productivas del departamento.
Ante estos hechos, exigió la intervención inmediata del Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno para garantizar el funcionamiento de las industrias, proteger las fuentes laborales y establecer las responsabilidades correspondientes.
“Estamos ante denuncias de conductas que podrían constituir delitos de acción pública y que requieren la intervención inmediata de las autoridades competentes”, manifestó.
Explicó que los artículos 303 y 304 del Código Penal boliviano contemplan los delitos de atentado contra la libertad de trabajo y monopolio de trabajo, respectivamente, mientras que los artículos 293 y 294 sancionan las amenazas y la coacción.
También, recordó que el artículo 314 de la Constitución Política del Estado prohíbe el monopolio privado y los acuerdos destinados a controlar de manera exclusiva la comercialización de bienes y servicios.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Minería, Mirko Bellott, denunció que empresas vinculadas al sector, con operaciones en el Parque Industrial Santiváñez, enfrentan dificultades para movilizar su producción, pese a mantener acuerdos comerciales previamente establecidos con operadores de transporte.
“El acuerdo entre partes debe ser inviolable. En este caso hay empresas que han logrado constituir acuerdos internos para el costo del transporte; sin embargo, se ven coartadas de poder desarrollar normalmente su actividad”, señaló.
El representante de la Cámara Departamental de la Construcción, Luis Jiménez, advirtió que el sector ya enfrentó situaciones similares relacionadas con restricciones sindicales al transporte de cemento y agregados, que derivaron en dificultades de abastecimiento, incremento de precios y retrasos en la ejecución de obras.
La FEPC observó que la persistencia de estos conflictos afecta las condiciones para invertir, producir y generar empleo, al introducir restricciones adicionales sobre una estructura empresarial que ya enfrenta mayores costos operativos y dificultades de competitividad.
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