La Paz, 10 de noviembre de 2026 (ABI). – El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, denunció este martes que en la Caja Nacional de Salud (CNS), durante la gestión 2023, se realizaron movimientos económicos de más de Bs 95 millones incumpliendo la normativa pública vigente.
En conferencia de prensa, la autoridad explicó que la Contraloría General del Estado emitió un informe en el que se identifica el uso de fondos en avance que fueron entregados en cinco cheques a cuatro funcionarios públicos.
“Lo que hizo la Caja Nacional de Salud fue sacar más de Bs 95 millones en la modalidad de fondos en avance y entregarlos en cheques a funcionarios y resultado que, por ejemplo, el señor Constantino Carlos Colque Huarachi recibe dos cheques, uno de más de Bs 40 millones y el otro cheque de más de Bs 2 millones”, detalló.
García explicó que todas las instituciones públicas, incluida la CNS, están obligadas a realizar sus contrataciones de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 181 y sus modificaciones; es decir, que si la entidad hará una contratación que supera un millón de bolivianos, está obligada a realizar una licitación pública.
“Esto implica la elaboración de un documento base de contratación, una convocatoria pública, una comisión de calificación, una evaluación de propuestas; sin embargo, ¿qué hizo la CNS en la gestión 2023?, utiliza un mecanismo denominado fondos en avance, jamás podría ser admisible que se efectúen contrataciones públicas como fondos en avance”, aseguró.
De acuerdo al informe presentado, el dinero fue entregado en cheques para que estas personas hagan las compras, provisiones de medicamentos e insumos, “pero esta modalidad de recibir dinero de parte del Estado y uno hacerse cargo de las compras no está permitido en ninguna norma”.
Agregó que existe una resolución de Directorio 044/2023 de la CNS que supuestamente posibilita este mecanismo indicando que podría usarse en caso de existir una emergencia; sin embargo, la Contraloría, Auditoría Interna de la entidad médica y el Viceministerio de Transparencia no evidenció que en 2023 haya existido emergencia alguna que justifique el uso de esos fondos.
A ello se suma que la Contraloría evidenció que “los fondos en avance tenían que estar destinados a gastos específicos extraordinarios, urgentes por emergencia, y no así para evadir los procedimientos de la contratación pública”.
Ante estos informes, tanto la Contraloría y Auditoría Interna de la CNS recomendaron al director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
El lunes, el Viceministerio de Transparencia en coordinación con el director de la Asuss formalizaron la acción penal en contra de los miembros del Directorio de la CNS y de las cuatro personas “beneficiadas” con los más de Bs 95 millones.
García añadió que como Gobierno se hará el rastreo de ese dinero mediante la Unidad de Investigaciones Financieras, con el objetivo de saber si la plata se quedó en poder de los directivos, de los funcionarios públicos o a quiénes pudo haber beneficiado.
Además, advirtió que estos mismos hechos fueron denunciados hace aproximadamente un año atrás; sin embargo, un fiscal de materia habría emitido un rechazo.
“Nosotros, como Viceministerio, no solamente estamos objetando el rechazo, sino que hemos aperturado una línea investigativa en relación a todas las autoridades del sistema de investigación de justicia que hayan sido denunciados por hechos de corrupción, por favorecer a ciertas personas o empresas”, aseguró.
KCF/MCM