La Paz, 10 de noviembre de 2026 (ABI). – En el marco del balance del primer año de gestión gubernamental, el Ministerio de Minería y Metalurgia informó que, a septiembre del presente año, las regalías mineras del país alcanzaron a Bs 2.905 millones, lo que significa un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2025.
“En el ámbito económico, las regalías mineras alcanzaron los 2.905 millones de bolivianos a septiembre de 2026, un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2025. Esto representa 1.475 millones de bolivianos adicionales”, destacó el ministerio.
En tanto, el titular de esta cartera de Estado, Marco Antonio Calderón, añadió que cuando el Gobierno asumió la conducción de este ministerio encontró un sector que enfrentaba importantes desafíos.
“Para comprender las decisiones que tomamos durante este primer año es necesario explicar cinco aspectos de esa realidad”, indicó.
Precisó que primero se encontró debilidades en el control y la fiscalización de la actividad minera. La minería ilegal, el contrabando de oro, la intermediación ilícita, el robo de mineral conocido como juqueo y los avasallamientos de áreas mineras evidenciaban la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el territorio.
Segundo, se encontró empresas estatales con serias dificultades operativas y económicas. Un de ellas es Epcoro la cual fue entregada paralizada con una pérdida histórica cercana a los Bs 400 millones.
Además, las plantas de Vinto, Carachipampa y Capuratas enfrentaban paradas no programadas y necesidades de mantenimiento. Esta situación exigía evaluar las operaciones, transparentar la información y recuperar las capacidades productivas del sector estatal.
“Tercero, encontramos debilidades institucionales y procedimientos que requerían una profunda revisión. Cuarto, encontramos desafíos pendientes en transparencia y gestión ambiental. Al mismo tiempo, cientos de cooperativas enfrentaban desafíos de adecuación ambiental y los pasivos mineros se acumulaban en nuestras cuencas sin una metodología suficiente para evaluarlos”, señaló.
Sostuvo que, como quinto aspecto, se encontró un marco normativo que necesitaba actualizarse y un país que debía fortalecer su posicionamiento minero internacional.
“La Ley 535 requería una revisión para responder a las nuevas necesidades del sector. Bolivia también necesita recuperar presencia en espacios internacionales donde se analizan oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo tecnológico”, subrayó.
Acotó: “Frente a esta realidad, comprendimos que el primer paso debía ser ordenar la casa, fortalecer la institucionalidad y actuar con transparencia. No se trataba de ocultar las debilidades, sino de reconocerlas y asumir la responsabilidad de trabajar sobre ellas. Ese fue el punto de partida de nuestra gestión”.
En ese sentido, la autoridad enfatizó que, durante este primer año de gestión, se trabajó para fortalecer la institucionalidad minera, mejorar el control y la fiscalización, transparentar la gestión pública y recuperar las capacidades productivas del sector.
“Encontramos desafíos y asumimos la responsabilidad de enfrentarlos con decisiones concretas”, resaltó.
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