La Paz, 3 de marzo de 2026 (ABI).- “No queremos que sea concejal, queremos destituirla, que asuma su suplente, la queremos fuera del Concejo”. Esas son algunas de las palabras que vienen a la mente de Soraya Destre al recordar el calvario que tuvo que atravesar por el hecho de fiscalizar y observar proyectos en el municipio de Riberalta, Beni.
Su caso se remonta a 2021, año del contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Alcaldía impulsaba la compra de una planta generadora de oxígeno, considerada entonces una necesidad urgente ante la crisis sanitaria que atravesaba el país.
La concejala no se opuso al proyecto pero observó que no se podía costear con recursos del complemento alimenticio escolar ya que son del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Advirtió que aquello podría traer problemas legales.
A partir de ese hecho, contra Destre se desató una campaña de acoso político y de desprestigio promovido por el exdirigente cívico Katriel Müller y otras personas con el objetivo de que renuncie a su cargo.
“Eso desencadenó una campaña de violencia contra mi persona, incitando al pueblo, convocando a un cabildo para destituirme de mi cargo como concejala electa. Aquello desencadenó en hechos terribles, defenestrándome como persona, como mujer”, informó en entrevista con la ABI.
Tampoco obtuvo el apoyo legal de sus colegas del Concejo Municipal, hasta que llegó a Riberalta una abogada que se ofreció a acompañarla en la denuncia contra Müller. Su familia le dio la fuerza y el impulso para seguir el caso, recuerda Destre.
En medio de tropiezos y chicanas legales el proceso concluyó el 1 de septiembre de 2023 con una sentencia de tres años de privación de libertad para Muller. Además, el principal acusado estaba prohibido de acercarse a la concejala.
Sin embargo, ninguna de esas restricciones se cumplió y el hombre se encuentra libre, denuncia la munícipe. Pese a los reclamos que hizo Destre, no hubo respuesta de la Policía para hacer cumplir con la determinación judicial.
El acusado apeló la sentencia y ahora la concejala espera un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que pueda ratificar la determinación del Juzgado de Sentencia Penal Primera de Riberalta para que así se pueda sentar un precedente.
“No es justo que como mujeres políticas que comenzamos a surgir en la vida política, luchando por el bienestar de nuestros hijos, seamos coartados, perseguidas, porque vivimos en un estado de derecho”, añade la concejala.
2025 con menos denuncias a diferencia de años anteriores
De acuerdo con datos del Centro de Atención y Monitoreo de Acoso y Violencia Política de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), proporcionados a la ABI, en 2025 se presentaron 73 denuncias.
De ese total, 47 casos (64,4%) corresponden a actos de acoso político, mientras que los otros 26 (35,6%) refieren a actos de violencia política. La mayor cantidad se presentaron en Santa Cruz con 17, seguido de La Paz con 14, Chuquisaca 10, Oruro 9, Cochabamba 8, Potosí 7, Tarija 4, Beni 3 y Pando 1.
Con relación a gestiones pasadas, en 2024 hubo 118 casos de acoso y/o violencia política; en 2023 se presentaron 151, mientras que en 2022 se registraron en 73 total, señala el informe.
Respecto a las sentencias por acoso y violencia política, ACOBOL contabilizó que desde 2021 hasta 2024 se lograron seis en total las cuales van desde los dos años hasta los cinco de privación de libertad.
La consultora de ACOBOL, Yovanka Rodríguez, considera que los datos reflejan que aún permanece en el ámbito político la “cultura patriarcal” que pone en vulnerabilidad a algunas las autoridades mujeres pese a la normativa legal que blinda el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en entornos libres de violencia. Muchas incluso no se animan a denunciar debido a los obstáculos que atraviesan durante el proceso.
A ello se suma el abandono de las causas penales debido a la retardación de justicia, la imposibilidad de poder recabar las pruebas que se requieren para sustentar la denuncia o la dificultad económica para contratar los servicios de un abogado.
“En un inicio de gestión, ellas son violentadas por sus colegas concejales y pasados los años, la misma sociedad en su municipio o sus organizaciones políticas u orgánicas son quienes cometen este acoso y violencia política”, afirma Rodríguez.
El trabajo de la prevención, principalmente en las áreas rurales, para que los concejales conozcan que limitar las funciones, retener los salarios y presionarles a que renuncien son actos de violencia política que tienen incluso privación de libertad si es que se llega a un proceso penal.
Proceso histórico
Si bien Soraya Destre pudo vivir para contar su caso, no ocurrió lo mismo con la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, que murió asesinada el 12 de marzo de 2012 en manos de personas que fueron contratadas por el alcalde de ese municipio y otras tres personas.
El caso de Quispe es considerado emblemático e histórico pues dio paso a que posteriormente se impulse el tratamiento y promulgación de la Ley 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. En 2024 finalmente se dictó sentencia de 30 de cárcel para el exalcalde Félix Huanca y para el expresidente del Concejo Municipal, Pastor Cutile.
En la misma resolución, se impuso una pena de 15 años de reclusión para Basilia Ramos, exsecretaria del Concejo; y dos años de cárcel para Exalta Arismedi, quien estuvo con la víctima el día de su asesinato y encubrió el crimen.
El orgullo de Destre está en pie, ella tiene la conciencia tranquila. Cuenta que hacer valer sus derechos ha sido mucho más importante que permanecer callada, o silenciada.
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