La Paz, 9 de octubre de 2026 (ABI).– El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, encabezó este viernes un desayuno de trabajo denominado “Por la vida de las mujeres”, junto a 83 promotoras comunitarias de diferentes departamentos y municipios del país, para abordar la prevención, atención y protección frente a la violencia extrema y el feminicidio.
“El compromiso del Gobierno del presidente Rodrigo Paz va a ser completamente diferente; no queremos quedarnos en el discurso, queremos hacer acción efectiva y por eso las recibimos hoy con mucho beneplácito en el Ministerio de la Presidencia”, afirmó la autoridad durante el evento realizado en la Casa Grande del Pueblo.
Aramayo destacó las transformaciones y la consolidación de normas en beneficio de las personas que sufren violencia.
Además, ponderó el decreto supremo que hace operativa la Ley 1680, que establece medidas de atención integral y protección social para las hijas e hijos que quedan en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio.
“La vida de las mujeres está en riesgo, son 66 mujeres que han sido asesinadas, teniendo La Paz la mayoría de las cifras. No son una cifra más, son madres, son hijas, que tenían el derecho a vivir y se les fue arrebatado”, lamentó la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jéssica Echeverría.
En esa línea, convocó a las diferentes instituciones públicas y privadas a acompañar el proceso participativo de elaboración del Plan de Acción. Asimismo, invitó a las promotoras comunitarias a participar activamente en la elaboración del documento a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos.
“Qué orgullo estar presente frente a luchadoras que en el último tiempo han tenido que hacerse espacio en un Estado que les había rechazado la oportunidad y la posibilidad de poder agendar estas temáticas tan importantes”, expresó Aramayo.
Durante el encuentro, Echeverría aseguró que “el Estado no mira hacia un lado” y destacó el compromiso del presidente Rodrigo Paz de garantizar protección y atención integral a las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio.
En lo que va del año, en Bolivia se registraron 66 feminicidios. Con base en estos datos, el Viceministerio identificó a 44 potenciales beneficiarios del decreto supremo que hace operativa la Ley 1680.
Más allá de las cifras, el objetivo es claro: que ninguna mujer pierda la vida por falta de protección y que ninguna niña, niño o adolescente quede desamparado ante las consecuencias de la violencia feminicida, aseveró Echeverría.
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