La Paz, 28 de septiembre de 2026 (ABI).– El Gobierno calificó de “muy graves” los señalamientos de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y afirmó que las restricciones de visa impuestas a ciudadanos bolivianos representan un examen para la institucionalidad democrática del país. Anunció que solicitará información al Gobierno estadounidense y que las instancias competentes realizarán las investigaciones que correspondan.
“Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática, para una actuación independiente, proba, que naturalmente esté basada en evidencia. (…) Vamos a prestar toda la colaboración para que se lleven adelante las investigaciones y las acciones que correspondan a la institucionalidad boliviana”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.
La declaración se produjo luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa para 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos Mariaca, además de fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía Boliviana, un exejecutivo de la Aduana Nacional y un empresario privado.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que los señalamientos deben ser tomados con seriedad y anunció que se solicitará información y elementos probatorios para conocer los fundamentos de la decisión.
“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad. Por eso es que también se pedirá, como corresponde, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia”, afirmó.
En el caso específico de Mariaca, Justiniano explicó que el Gobierno solicitará oficialmente, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, información sobre los elementos que llevaron a Estados Unidos a imponer la restricción de visa.
“En el caso del doctor Mariaca, nosotros le estamos solicitando oficialmente, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, alguna información complementaria o la información principal que vaya a tener el Gobierno de los Estados Unidos para tomar esta determinación”, señaló.
Justiniano sostuvo que las denuncias de corrupción y las acusaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado deben ser esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y debido proceso.
“Las declaraciones que se han dado por parte de los Estados Unidos son muy graves, muy graves, y corresponde que sean esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y, como siempre decimos, con debido proceso”, remarcó.
Por su parte, Aramayo afirmó que el Órgano Ejecutivo respetará la independencia de las instituciones bolivianas y colaborará con las investigaciones que correspondan.
“No nos podemos referir a ningún hecho de investigación en específico porque son acciones que tienen que llevar los órganos de poder de forma independiente y transparente”, sostuvo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que su cartera procesará la información disponible y anunció que intensificará las investigaciones sobre las personas incluidas en la lista difundida por Estados Unidos.
“Todas las acciones que sean necesarias. Todas. Efectivamente, empezaremos un proceso de investigación a fondo sobre esta lista que ha publicado el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.
Aramayo afirmó que el Ejecutivo respeta las decisiones de Estados Unidos en materia migratoria, por corresponder a sus normas y soberanía, pero sostuvo que en Bolivia las investigaciones deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación nacional.
Sobre el pedido de algunos legisladores para que Mariaca deje el cargo, Justiniano recordó que el fiscal general es designado por la Asamblea Legislativa y señaló que cualquier determinación sobre su permanencia debe seguir los procedimientos establecidos por ese órgano.
“Nosotros somos muy respetuosos del funcionamiento independiente de cada órgano”, afirmó.
Además, ante una consulta sobre una eventual afectación a la imagen del Ministerio Público por los señalamientos contra su máxima autoridad, Justiniano pidió no politizar el caso y esperar información y evidencia.
“Creo que en este momento no corresponde politizar el tema. Creo que en este momento necesitamos ser objetivos, necesitamos tener evidencia, necesitamos tener información”, sostuvo.
Aramayo afirmó que la política del Estado boliviano contempla una lucha frontal contra el narcotráfico y la corrupción y que el Gobierno mantiene una posición de respeto a la democracia y al Estado de derecho.
“Hay que ser muy claros, desde el día cero, el presidente Paz ha planteado una línea contundente, como política de Estado: ir de manera declarada y decidida contra el narcoterrorismo y cualquier acción que quiera desestabilizar el Estado de derecho”, apuntó.
El Gobierno anunció que solicitará información a Estados Unidos y que las instancias bolivianas competentes realizarán las investigaciones que correspondan, con independencia y respeto al debido proceso.
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