Quito, 25 de septiembre de 2026 (ABI). – Representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura de Bolivia plantearon en Quito, Ecuador, la necesidad de incorporar mecanismos concretos de prevención y respuesta frente a las amenazas, presiones y ataques del crimen organizado contra quienes administran justicia.
La propuesta fue presentada en el marco del “Diálogo sobre el papel de los poderes judiciales en la lucha contra el crimen organizado” y del “Taller sobre la revisión del Estatuto del Juez Iberoamericano”, convocados por EL PAcCTO 2.0.
El encuentro reúne a representantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) para analizar los desafíos que enfrenta la función judicial ante el avance de la delincuencia organizada transnacional y trabajar en la actualización del Estatuto del Juez Iberoamericano.
La delegación boliviana está conformada por el magistrado del TSJ de Cochabamba, Germán Pardo, y el decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, quienes participan en las jornadas desarrolladas en el vecino país los días 24, 25 y 26 de septiembre.
En la intervención boliviana, los magistrados plantearon que la independencia judicial no puede reducirse a la ausencia formal de injerencias políticas, económicas o institucionales. Requiere también condiciones materiales de seguridad, estabilidad y protección que permitan a juezas, jueces y magistrados ejercer sus funciones exclusivamente con base en la Constitución y la ley, sin amenazas contra su vida, integridad o entorno familiar.
La posición nacional parte de la premisa de que, cuando una autoridad judicial resuelve bajo amenaza, temor o presión de una organización criminal, no solamente se compromete su independencia individual, sino que también se ponen en riesgo la imparcialidad de la decisión, el derecho de la ciudadanía a recibir una justicia independiente y la propia estabilidad democrática.
Los representantes bolivianos recordaron dos hechos que golpearon al sistema judicial: el asesinato del juez de Sentencia de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en Cochabamba, y el asesinato del magistrado y decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, registrado el 30 de abril de este año en Santa Cruz.
Ambos crímenes fueron ejecutados mediante modalidades con características de sicariato; sin embargo, remarcaron que corresponde exclusivamente a las autoridades investigativas establecer de manera definitiva los móviles, la autoría y la posible participación de estructuras criminales.
Propuesta de un protocolo iberoamericano
Ante esta realidad, Bolivia propuso formalmente impulsar un Protocolo Iberoamericano de Prevención y Respuesta ante Amenazas contra Operadores de Justicia, acompañado por protocolos nacionales de actuación inmediata.
Se informó, además, que Bolivia todavía no cuenta con un instrumento integral de estas características, por lo que resulta necesario construir mecanismos institucionales que permitan prevenir, identificar, evaluar y responder oportunamente frente a riesgos provenientes del crimen organizado.
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