La Paz, 25 de agosto de 2026 (ABI).- La rescisión unilateral del contrato de concesión con la empresa La Paz Limpia podría generar al municipio paceño un pago de aproximadamente Bs 600 millones por lucro cesante y otros resarcimientos, advirtió el concejal Fernando Ruiz Saldias, quien pidió a la Alcaldía priorizar la negociación para evitar un perjuicio económico a la ciudad.
“Si el señor alcalde quiere rescindir el contrato con la empresa, por los cuatro años que le quedan, se le tendría que pagar a la empresa más de 600 millones de bolivianos. Yo le pido al alcalde que lo que parece solución va a ser, a la larga, un perjuicio para los paceños”, afirmó.
Ruiz Saldias señaló que el contrato de concesión, suscrito en 2016 y vigente hasta 2030, establece mecanismos de negociación cuando se presentan factores macroeconómicos extraordinarios, entre ellos el incremento del salario mínimo y del precio del diésel.
Según el concejal, desconocer esas cláusulas y optar por una rescisión unilateral podría derivar en procesos judiciales y demandas por lucro cesante y otras compensaciones económicas.
Como antecedente, recordó que en 2019 el entonces alcalde Luis Revilla rescindió el contrato con la empresa Tersa, tras el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, decisión que derivó en un proceso judicial que continúa en Sucre y por el cual el municipio podría pagar alrededor de Bs 70 millones o más si la empresa obtiene un fallo favorable.
El concejal explicó que el conflicto actual con La Paz Limpia se originó por el incremento de sus costos operativos debido al alza del salario mínimo y del combustible, factores que, según dijo, están contemplados en el contrato para ser sometidos a renegociación.
Indicó que durante la anterior gestión municipal se avanzó en las conversaciones entre enero y marzo; sin embargo, el proceso quedó pendiente tras el cambio de administración.
Ruiz Saldias detalló que La Paz Limpia presta nueve servicios relacionados con la gestión de residuos, entre ellos la recolección de basura, poda, lavado de contenedores y manejo de residuos patógenos. La empresa cuenta con 741 trabajadores, de los cuales 614 perciben el salario mínimo, lo que, según el concejal, incrementó sus costos laborales.
Señaló que el encarecimiento del combustible afecta directamente a las operaciones de la empresa, que consume alrededor de 4.500 litros diarios para movilizar una flota de 90 camiones.
De acuerdo con sus datos, ese incremento elevó de aproximadamente Bs 13 millones a Bs 18 millones la factura mensual que el municipio paga por el servicio de aseo urbano.
El concejal también cuestionó la estrategia de la Alcaldía de recurrir a funcionarios municipales para recoger residuos durante la emergencia y consideró que esa medida no resuelve el problema estructural del servicio.
Además, alertó que el contrato para la operación del relleno sanitario vence el 30 de agosto y que existen cuatro meses de pagos pendientes, equivalentes a unos Bs 8 millones, situación que, según advirtió, podría agravar la crisis en el manejo de residuos.
Como alternativa, Ruiz Saldias planteó que la Alcaldía negocie un plan de pagos con la empresa, gestione ante el Gobierno la exclusión de las empresas de aseo del nuevo incremento del diésel para grandes consumidores (GRACO), complete las inversiones pendientes y prepare un nuevo proceso de contratación una vez concluida la concesión vigente.
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