La Paz, 24 de agosto de 2026 (ABI). – La concejal Casimira Lema planteó una auditoría técnica y jurídica al contrato entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y La Paz Limpia, en medio de una crisis por la interrupción del servicio de recojo de residuos que ya lleva 14 días.
Lema sostuvo que antes de hablar de una eventual rescisión se debe establecer, con respaldo documental, si existen incumplimientos contractuales y cuáles son las responsabilidades de cada parte.
“Yo como concejal no voy a defender contratos ni empresas. Voy a defender a la ciudadanía”, afirmó.
La concejal consideró que el contrato debe ser transparentado y sometido a una revisión integral. La auditoría, dijo, debe establecer el cumplimiento de las obligaciones, las cláusulas aplicables y las eventuales infracciones antes de adoptar una decisión que pueda comprometer al municipio.
“Si hay cláusulas que se han infringido, si no se han cumplido, eso tiene que establecerlo una auditoría. Pido una auditoría técnica y jurídica. Aunque tome tiempo, es necesario hacerlo”, señaló.
La alcaldía ya había anunciado en junio la realización de auditorías al contrato de concesión y al Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, en el marco de la fiscalización del servicio.
Lema también cuestionó la respuesta municipal frente a la emergencia y calificó al Plan de Emergencia de Gestión del Aseo (PEGA) como una medida de contingencia que no puede convertirse en una solución permanente. El operativo municipal fue activado el 18 de agosto y actualmente moviliza a más de 600 personas, además de volquetas, camionetas y otros vehículos para retirar los residuos acumulados.
“Hay improvisación en el PEGA. La Paz necesita un plan sostenible”, aseguró Lema, quien además pidió conocer con transparencia qué maquinaria y recursos se están utilizando para enfrentar la emergencia.
El conflicto se amplió después de que trabajadores de La Paz Limpia denunciaran ante la concejal Lema que el PEGA estaría utilizando maquinaria y personal de Tersa, empresa que administró el relleno sanitario de Alpacoma cuando ocurrió el deslizamiento de 2019 y cuyo contrato fue posteriormente resuelto por el municipio tras un proceso en el que se registraron deficiencias y penalidades contractuales.
Lema pidió transparentar el uso de esos equipos y conocer quién está pagando por su alquiler y bajo qué modalidad fueron incorporados al operativo, según un reporte de prensa publicado en las redes sociales de la concejal.