Sucre, 10 de agosto de 2026 (ABI). – El Tribunal Agroambiental instó este lunes a privilegiar mecanismos de prevención y protección del medio ambiente, luego de conocer el caso de la muerte de un jaguar en Guayaramerín, en el departamento del Beni.
En un pronunciamiento, la institución expresó su profunda preocupación por el hecho y recordó que la protección de la fauna silvestre y la biodiversidad constituye un deber jurídico y una responsabilidad que compromete al Estado y a la sociedad en su conjunto.
Además, afirmó que la conservación de esta especie no puede ser entendida únicamente desde la protección de ejemplares individuales, sino también desde la preservación de sus poblaciones, hábitats, corredores biológicos y de las condiciones ambientales que permiten su supervivencia.
“El Tribunal Agroambiental considera que, ante la presencia de fauna silvestre en áreas urbanas o próximas a asentamientos humanos, corresponde privilegiar mecanismos de prevención, intervención especializada, manejo adecuado y protección de la vida silvestre, procurando evitar respuestas que puedan ocasionar daños irreversibles a especies protegidas”, señala el pronunciamiento.
En este sentido, el Tribunal Agroambiental señaló que, mediante la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, del 23 de abril de 2025, dictada dentro del Expediente 6084/2025, denominado “Caso: Protección del Jaguar (Panthera onca) y su hábitat”, estableció medidas cautelares ambientales preventivas orientadas a la protección de esta especie y de los ecosistemas que constituyen su hábitat.
Según el tribunal, esa decisión judicial respondió a la existencia de amenazas que ponen en riesgo la conservación del jaguar y reconoció la necesidad de una intervención preventiva, efectiva y oportuna frente a posibles daños ambientales graves o irreversibles.
En ese sentido, señaló que la muerte de un ejemplar de jaguar constituye un hecho que no puede ser considerado de manera aislada ni como un acontecimiento ordinario, particularmente cuando se trata de una especie cuya protección ha sido objeto de tutela específica por parte de la jurisdicción agroambiental.
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