La Paz, 22 de julio de 2026 (ABI).– El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó este miércoles que el crédito de 500 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá consolidar las políticas de protección social del Estado mediante el financiamiento del complemento de la Renta Dignidad y la creación del Registro Social de Hogares.
Explicó que, de los 500 millones de dólares, 485 millones serán destinados al bono complementario para los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad; 12,5 millones a la creación del Registro Social de Hogares; y 2,5 millones a las evaluaciones y auditorías exigidas por el organismo que otorga el crédito.
“El financiamiento que estamos solicitando, los 485 millones de dólares destinados exclusivamente al Programa de Protección Social, que en este caso se destinan, y también sirva de aclaración para el resto de la plenaria, estos recursos solamente van al complemento a la Renta Dignidad. No vamos a utilizar estos recursos para otro tipo de bonos; es solamente para la Renta Dignidad, el complemento que reciben hoy día para que puedan alcanzar los Bs 500. La totalidad de estos recursos alcanza para 10,5 meses con la cantidad de beneficiarios que tenemos hoy día, que son cerca de un millón de personas que mes a mes reciben el complemento de Bs 150”, explicó el ministro a los parlamentarios.
Remarcó que los pagos a los beneficiarios se realizan a través del sistema bancario, lo que garantiza que las personas perciban el beneficio, sin posibilidad de algún desvío. Agregó que esos recursos no son de libre disponibilidad, porque existe una base de beneficiarios del bono con un presupuesto determinado.
Respecto a la creación del Registro Social de Hogares, la autoridad señaló que esta herramienta será de gran utilidad ante cualquier contingencia que se presente en el país, ya que permitirá identificar de manera rápida y eficiente a las personas más afectadas y dirigir la ayuda hacia la población vulnerable.
“Esto es una herramienta que hay que construir para permitir dos elementos: uno de ellos, hacer mucho más eficiente el gasto social que tienen hoy el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales; y, segundo, eliminar la discrecionalidad mediante una base de datos social, con un Registro Social de Hogares”, manifestó.
Asimismo, explicó que las condiciones financieras del crédito se componen de tres fuentes: dos corresponden a préstamos del BID aprobados en anteriores gestiones de gobierno que no fueron ejecutados y que, de no reconvertirse en un componente de protección social, corren el riesgo de perderse por el vencimiento de los plazos; mientras que la tercera fuente corresponde al monto restante necesario para completar los 500 millones de dólares.
“Estos dos financiamientos reconvertidos representan prácticamente 210 millones de dólares de los 500 millones que estamos solicitando y, por lo tanto, el nuevo capital que estaríamos solicitando equivale a 290 millones de dólares”, detalló.
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