La Paz, 1 de julio de 2026 (ABI). – El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) expresó este miércoles su rechazo a la amenaza de paro de las máximas autoridades del Órgano Judicial y exhortó a privilegiar el diálogo para descartar cualquier medida que afecte los derechos de la ciudadanía.
En un pronunciamiento, la Conalab señaló que reconoce que la administración de justicia atraviesa una crisis estructural que se profundizó durante los últimos años como consecuencia de la insuficiencia presupuestaria, la falta de planificación institucional, las limitaciones tecnológicas, la sobrecarga procesal y la demora en la aprobación de reformas indispensables para garantizar un sistema judicial moderno, eficiente e independiente.
En ese contexto, consideró legítimo que el Órgano Judicial demande al Estado las condiciones materiales, financieras y normativas necesarias para cumplir adecuadamente su función constitucional, pues una justicia debilitada repercute directamente en la vigencia de los derechos y garantías de toda la población.
No obstante, sostuvo que ninguna demanda institucional puede justificar la interrupción del servicio de administración de justicia. La respuesta a una crisis institucional no puede consistir en agravar esa misma crisis afectando a quienes diariamente acuden a los tribunales en busca de protección de sus derechos.
“La administración de justicia constituye una función esencial del Estado cuya prestación debe ser permanente, continua e ininterrumpida. Su paralización no representa únicamente la suspensión de actividades administrativas; implica la afectación directa del derecho de acceso a la justicia, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva reconocidos por la Constitución Política del Estado y por los tratados internacionales de derechos humanos”, subrayó la institución.
Advirtió que cada jornada de suspensión de actividades jurisdiccionales significaría audiencias frustradas, procesos demorados, víctimas sin respuesta, personas privadas de libertad sin resolución oportuna de su situación jurídica, conflictos familiares sin atención y una mayor acumulación de causas en un sistema que ya enfrenta severos niveles de retardación.
“Por ello, Conalab expresa su rechazo a cualquier medida de presión que tenga como consecuencia impedir el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia, independientemente de la legitimidad de las reivindicaciones que la motiven”, afirmó.
La institución también exhortó al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a “atender con responsabilidad y sentido de Estado” las necesidades estructurales del sistema judicial, promoviendo las reformas legales pendientes y garantizando una asignación presupuestaria acorde con la importancia constitucional de la función jurisdiccional.
“De igual manera, exhorta a las máximas autoridades del Órgano Judicial a privilegiar el diálogo institucional y los mecanismos constitucionales de coordinación entre órganos del poder público, descartando cualquier medida que implique la suspensión de actividades jurisdiccionales y la consecuente afectación de los derechos de la ciudadanía”, instó.
Remarcó que la justicia no puede convertirse en un instrumento de presión institucional ni los ciudadanos en los principales perjudicados de un conflicto entre órganos del Estado. El fortalecimiento de la justicia constituye un objetivo nacional que demanda el compromiso de todas las instituciones públicas; sin embargo, ese propósito solo podrá alcanzarse mediante el respeto irrestricto a la Constitución, a la ley y a los derechos fundamentales de la población.
“Bolivia no necesita una justicia paralizada para reclamar cambios; necesita una justicia fortalecida que, desde el ejemplo y el respeto a la ley, lidere la transformación institucional que el país demanda desde hace décadas”, recalcó.
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