La Paz, 24 de junio de 2026 (ABI). – El diputado Carlos Alarcón (Unidad) exigió este miércoles el tratamiento de la denominada Ley Antibloqueo en el pleno de la Cámara de Diputados, ya que, hasta la fecha, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado no entregó el informe correspondiente para su consideración.
Alarcón envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, solicitando que convoque al pleno de la Cámara para abordar directamente el proyecto, debido a que ya transcurrió un tiempo considerable sin que la Comisión de Justicia emita su informe.
“Trataremos directamente en el pleno la Ley Antibloqueo que presenté el 15 de diciembre del año pasado. Han transcurrido seis meses sin que exista el informe de la Comisión de Justicia Plural sobre este proyecto de ley”, manifestó el legislador.
De acuerdo con la declaración de la autoridad, el reglamento establece que el informe correspondiente debe presentarse en un plazo de 15 días hábiles, salvo que existan consultas sobre el proyecto, las cuales deberían ser respondidas a la brevedad.
Alarcón explicó que el proyecto establece tres niveles de sanción para quienes incurran en estos actos: penas de tres a seis años de cárcel para los bloqueadores de vías públicas que impidan el libre tránsito; de cinco a ocho años para los promotores, directores y organizadores de bloqueos; y de 10 a 20 años para quienes ejerzan violencia durante estas medidas, poniendo en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio público y privado.
«No podemos esperar que nos ocurra lo mismo que nos pasó con este bloqueo de 51 días, y que, a la vuelta de la esquina, vuelva otro bloqueo y nuevamente tengamos que estar en esta estrategia del desgaste y el cansancio, que conduce a resultados catastróficos», mencionó.
Por otra parte, el diputado dio a conocer que la norma garantizará que policías y militares que intervengan en estas protestas no sean utilizados como “carne de cañón” ni juzgados posteriormente. Además, crea la figura de la responsabilidad solidaria para que cualquier víctima pueda demandar a un solo financiador, promotor u organizador de estos bloqueos.