El Alto, 18 de junio de 2026 (ABI).- La quema de la Subalcaldía del Distrito 8 fue un acto “planificado” para destruir documentación vinculada a presuntos hechos de corrupción de anteriores gestiones y ocasionó daños que superan el millón de bolivianos, denunció este jueves el alcalde de El Alto, Eliser Roca, quien afirmó que existen “autores intelectuales y materiales” entre exautoridades y exfuncionarios municipales que ya son investigados por el Ministerio Público.
“Quienes ingresaron a quemar sabían exactamente qué documentos destruir. No se trató de una turba que actuó sin conocimiento; esto fue planificado”, afirmó la autoridad edil, en conferencia de prensa.
Roca explicó que los daños más graves corresponden a la destrucción de documentación única de las unidades de Catastro, Recaudaciones y del Sistema Legal Municipal (SLIM), además de expedientes que servían de respaldo para investigaciones administrativas y procesos judiciales.
“Hubo una intencionalidad de quemar documentos que constituían una base fundamental para iniciar procesos penales o administrativos contra autoridades salientes. Esa información no se va a recuperar”, sostuvo.
La autoridad aclaró que las organizaciones sociales de El Alto no participaron en los hechos y atribuyó la acción a un grupo de autoconvocados infiltrado por exautoridades y exfuncionarios de la Subalcaldía y del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA).
Informó que también fueron destruidos equipos de topografía, motocicletas y otros bienes municipales, además del robo de computadoras y unidades de procesamiento (CPU).
Respecto a las investigaciones, indicó que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los destrozos y que el municipio presentó una denuncia penal para identificar a los responsables.
Añadió que ocho personas resultaron afectadas durante los hechos, entre ellas cuatro funcionarios municipales y cuatro particulares, incluidos adultos mayores y mujeres.
Sobre la cuantificación de los daños, señaló que aún se realiza una evaluación técnica; sin embargo, las pérdidas preliminares superan el millón de bolivianos.
“Estimamos daños por más de un millón de bolivianos. Sin embargo, lo más grave es la pérdida de documentación que podía servir como prueba para que funcionarios y exfuncionarios sean sometidos a procesos penales o administrativos”, remarcó.
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