La Paz, 22 de abril de 2026 (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad, el proyecto de Ley 150 “Por el Derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, del cuidado y la protección integral”.
La norma establece un enfoque de prevención del abandono infantil y prioriza el cuidado en familia en distintas modalidades, frente al cuidado exclusivamente institucional en centros de acogida.
Según los datos expuestos durante el tratamiento legislativo, en Bolivia existen más de 900.000 niñas y niños en riesgo de perder el cuidado familiar, mientras que más de 5.000 viven en centros de acogida.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marcelo Solís, señaló que la norma establece cambios en el modelo de atención.
“Esta ley busca que ningún niño quede sin familia. Los cambios apuntan a una transformación estructural, pasando del modelo de albergue cerrado al cuidado en familia. El albergue no debe ser la primera ni la única opción; se debe trabajar con familias de origen, biológicas, ampliadas y sustitutas. La ley establece que un niño ingrese a un centro de acogida solo como última alternativa”, indicó.
La diputada Mariana Khaline Moreno, de Alianza Unidad, afirmó que el abandono infantil es una forma de violencia prevenible y que la norma establece la prioridad del cuidado en familia.
El diputado Wilson Áñez Yamba, de Libre, destacó que la norma establece lineamientos de política de Estado, incluyendo la asignación de recursos del Tesoro General de la Nación y la definición de competencias de las entidades autónomas en materia de niñez.
La diputada Lenny Calderón, del Partido Demócrata Cristiano, señaló que la norma reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. “Deben crecer con cariño y amor. Son el presente y el futuro”, afirmó.
El proyecto de ley establece cinco ejes principales: fortalecimiento de familias en situación de vulnerabilidad para prevenir el abandono infantil; promoción del retorno de niñas y niños de centros de acogida a sus familias de origen; acompañamiento a jóvenes que egresan de centros de acogida hasta los 25 años; priorización del cuidado en familia frente al institucional; y asignación de recursos equivalentes al 20% del salario mínimo nacional para niñas y niños en situación de riesgo social, mediante recursos de gobernaciones y municipios para su implementación.
Actualmente, más de 5.000 niñas y niños viven en centros de acogida y más de 900.000 están en riesgo de perder el cuidado familiar en Bolivia.
El proyecto fue trabajado con la participación de más de 18 organizaciones públicas y de la sociedad civil durante aproximadamente cinco años.
La norma ya fue aprobada en la Cámara de Senadores en 2023 y, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, deberá retornar a esa instancia para su revisión final.
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