La Paz, 22 de abril de 2026 (ABI). – El Gobierno nacional evalúa las vías para hallar una solución al fallo del Tribunal Supremo de los Países Bajos sobre la demanda de arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en contra del Estado boliviano, que no afecte a la economía del país, informó este miércoles el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia.
En conferencia de prensa, acompañado del procurador general del Estado, Hugo César León, y otras autoridades, el viceministro afirmó que dicho fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente $us 105 millones a BBVA.
Ello “es una herencia de las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas, cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización y también consecuencia de no haber llevado adecuadamente el proceso y no respetar la seguridad jurídica”, lamentó.
Añadió que el actual Gobierno, al haber tomado conocimiento del proceso, actúa con transparencia para comunicar lo ocurrido, pero además “está evaluando y trabajando los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía”.
El procurador general del Estado remarcó que se tomarán todas las medidas necesarias para que el impacto económico sea el menor posible, a la par que se establecerá una estrategia para identificar a los responsables de las malas decisiones asumidas en este y otros casos de arbitraje internacional.
Por ejemplo, entre las medidas anunciadas por las autoridades está la instauración de auditorías técnicas a los procesos de arbitraje vigentes actualmente, además de identificar las posibles fallas estructurales en la gestión jurídica administrativa y el análisis de cómo se llevaron adelante los procesos de transición que dieron origen a estas controversias.
“Esas auditorías nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables. Una vez identificados, tengan la certeza de que el Estado, a través del Gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para recuperar lo que está causando este daño económico al Estado”, anunció el subprocurador Roger Marcelo Longaric.
El pasado 21 de abril se conoció que el Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó la última apelación del Estado boliviano en contra del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por el cual debe pagar una indemnización de aproximadamente $us 105 millones en favor de BBVA, por haber vulnerado estándares internacionales, como el trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias, luego de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. El arbitraje tiene origen formal en el año 2017, según los datos del Ministerio de Economía.
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