ABI F8378 23:30:54 24-11-2009
1-I ABI: POLICIA-CORRUPCION
Gobierno interviene licitación de vestuario policial por posible daño económico

    La Paz, 24 nov (ABI) - El Ministerio de Gobierno, intervino el martes el proceso de licitación de vestuario policial para impedir un daño económico a la Policía por 3,4 millones bolivianos en la adjudicación de vestuario para sus efectivos.

    "Habiendo detectado como Ministerio de Gobierno que en la licitación y la resolución de adjudicación se está utilizando 3.404.172 bolivianos más para comprar productos que otras empresas ofertaron un precio más bajo por unidad, es que he decidido intervenir en este proceso", precisó el ministro Alfredo Rada.

    Se trata de una subasta pública para la dotación de 27.858 pares de calzados para varones, 3.136 pares de calzados damas y 33.101 pares de botas de combate.

    La Dirección de Reforma y Transparencia Policial, dependiente del Ministerio de Gobierno y que acompañó la licitación sin ser parte del proceso de la adjudicación, detectó una diferencia elevada entre los precios ofertados por las empresas no adjudicadas, Gofar y Manaco, y la adjudicada MEAA.

    Manaco, una de las empresas más tradicionales de la industria de manufacturas en Bolivia, pidió por par de calzados para varón 115, 40 bolivianos; 80 para damas y 119, 70 por botas de combate.

    A su vez, la empresa Gofar SRL ofertó 110 bolivianos para el primer agregado, y 170 bolivianos por unidades de botas de combates.

    En cambio la empresa MEAA postuló por unidad de calzados de varón, damas y botas de combate 169 bolivianos.

    Rada justificó que "mi primera responsabilidad como Ministro de Gobierno es velar por el buen uso de los recursos públicos no solamente del ministerio sino de la Policía Boliviana".

    En ese sentido, observó a la comisión de licitación y adjudicación de la Policía presidida por el director nacional de Administración, José Luis Ramallo.

    Por tanto, dijo haber solicitado al comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escóbar, un informe y poner fin al proceso de adjudicación a fin de evitar un daño de 3,4 millones de bolivianos.
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